Tiempo de reflexión
Mientras la práctica totalidad de los españoles seguimos noqueados por el ataque a las Ramblas barcelonesas, los independentistas catalanes mantienen su hoja de ruta y avanzan hacia la desconexión, que cada día que pasa más dudamos de que alguien aplicando cordura ponga remedio al problema.
La CUP y sus compinches del Junts pel Sí días atrás presentaron lo que rimbombantemente han dado en llamar Ley de Transitoriedad Jurídica, que no es otra cosa que una ley para la ruptura de Cataluña con España a partir del mismo momento en que se celebre el referendo y hasta que entre en vigor una constitución catalana. En definitiva, un código que trata de dar vida a una nueva república, y que marca las pautas de lo que los independentistas pretenden que sea el nuevo país.
Sin embargo, contra lo que pueda parecer a primera vista, las sesiones del Parlamento catalán en las que se aprobaron las leyes de referendo y de ruptura tuvieron un aspecto positivo por esclarecedor. Sirvieron para exteriorizar visiblemente cómo se las gastan los independentistas, capaces de aplastar sin miramientos los derechos de los diputados de la oposición. Produce escalofríos pensar que ese sería el trato que se dispensaría a los disidentes en una hipotética república catalana.
Alentado por el propio Carles Puigdemont, el acoso a los alcaldes que no están dispuestos a saltarse la ley y no cederán sus locales para la mascarada del 1-0, va en la misma dirección. Ni siquiera se salvan los equidistantes. O estás con nosotros o eres unionista, un facha o un antidemócrata que no permite que "los catalanes" voten.
Bien sabido es que los nacionalistas hablan siempre en nombre de todos los ciudadanos. El fenómeno de lo que está pasando se explica en unos pocos datos. Los representantes de menos del 48% de los votantes quieren imponer al resto un referendo sin garantías cuyo resultado saben de antemano. Y, además, mediante una ley aprobada por mayoría, cuando para reformar el Estatuto catalán se requieren dos tercios de la cámara. Pero, en lugar de aceptar que además de ser ilegal, lo que ya bastaría, tampoco las cifras les dan para poner en marcha un proceso de autodeterminación, siguen hacia adelante llevando a la sociedad catalana al enfrentamiento civil. Y encima, cínicamente, se quejan de la respuesta dada por el Estado.
Si echamos la vista atrás veremos que frente al "no se celebrará" y "no entrará en vigor", están todos estos años en los que han ido avanzando en su estrategia inicial y sin dudar en ningún momento en seguir el camino marcado.
Al inicio de esta disputa pocos creíamos que se pudiera llegar hasta aquí. Pero aquí estamos ya, y puede decirse que, desgraciadamente, al borde del abismo. Reflexionemos un poco más, todos.
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