¿Hasta dónde se quiere llegar?
Aunque resulte reiterativo el tema, supuso un paso adelante en el camino del laicismo puro y duro, con vehementes sacudidas al sistema de valores prevalente, todo lo que últimamente se ha incorporado a las reformas legislativas de la polémica ley del aborto.
Subtítulo:Pactos ocultos con respecto a la nueva ley del aborto
Destacado: La medida que obliga a impartir la interrupción voluntaria del embarazo en todas las carreras relacionadas con Ciencias de la Salud, ¿no vulnera acaso la libertad de cátedra?
Faltan las verdaderas razones y sobran argumentos falaces, apariencias engañosas que esconden intereses reales, pactos ocultos, de grupos minoritarios y recalcitrantes al cobijo del más poderoso de turno. Quizá una hipotética consulta popular hubiera evitado tales estratagemas. Los medios de comunicación se hicieron eco en su día de unos determinados acuerdos entre el partido del Gobierno y algunos grupos de escasa representación popular. Como si no fuera suficiente el desconcierto que generaron en su día la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la polémica retirada de los crucifijos en las escuelas, se ha intentado, esta vez, introducir en las aulas una nueva cruzada ideológica, con la impartición de una materia relacionada con el aborto libre y la educación sexual, como parte de la educación general, en todos los niveles educativos de los colegios. Casi nada, si esto se pone en marcha en los futuros planes de estudio. ¿Constituye objeto de acuerdo el que los alumnos universitarios de Medicina y Enfermería aprendan «el modo de practicar» el aborto, que hoy está excluido de las carreras? Asimismo, parece que se pretende eliminar uno de los informes médicos que se habían fijado como obligatorios para poder abortar entre la semana 14.ª y la 22.ª. Reconocer el derecho a la objeción de conciencia para los directamente implicados, pero teniendo que formularse éste por escrito y de manera individual, con los inconvenientes que esto comporta al derecho a la privacidad. ¿Ciertamente han sido pactados y cerrados tales acuerdos?
Se ha convenido igualmente que los anticonceptivos de «última generación» (algunos de ellos abortivos) se incluyan en la cartera de servicios de la sanidad pública y que estén financiados por el Estado, unos al 40 por ciento y otros al 100%. Si todo ello es cierto, sería, a mi juicio, un ataque en toda regla contra los cimientos morales de una sociedad, a la que se desoye, hablo de aquella no tan lejana protesta multitudinaria llevada en la calle, precisamente contra esta ley. Por otra parte, tales presuntos acuerdos plantean un sinfín de preguntas a las que sería necesario responder. Yo me pregunto, ¿qué representación ciudadana ostentan los pactantes, máxime si en sus programas electorales no figuraban los contenidos acordados, ni sus representados nunca tuvieron conocimiento de tales propósitos, ni tan siquiera existía en los líderes del partido la intención de introducir reformas en la actual legislación abortista? La propuesta tiene perfiles totalitarios porque limita el derecho a la objeción de conciencia sólo a médicos y enfermeros, ¿y qué pasa con el resto del personal sanitario?, ¿los alumnos tendrán que examinarse de «abortología» si quieren aprobar?, ¿existirá intimidación a los profesionales que se atrevan a negarse a practicar abortos, porque tienen que hacerlo por escrito e individualmente? ¿Esta ley no convertirá a los que han prestado juramento hipocrático de sanar y salvar vidas en simples verdugos de la vida humana, especialmente la naciente?
La medida que obliga a impartir la interrupción voluntaria del embarazo en todas las carreras relacionadas con Ciencias de la Salud, ¿no vulnera acaso la libertad de cátedra? Preguntas que exigen respuestas claras. La nueva ley, tal como se aprueba, más que restringir va a propiciar y ampliar el número de abortos. Nunca un delito convertido en derecho puede ser restrictivo y menos cuando el aborto es libre en las 14 primeras semanas y pueden hacerlo impunemente.
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