Reforma estatutaria, reforma necesaria

Es curioso observar cómo cuando analizamos los movimientos que desde el siglo XIX se vienen sucediendo en Asturies en defensa del autogobierno el argumento más invocado en defensa del mismo no es la historia, la lengua o la identidad colectiva, sino la democracia o la justicia social, objetivos que se entendían más fáciles de alcanzar desde el federalismo que desde el sucursalismo centralista.

Hay quien quiere ver en el debate identitario la clave de las reformas estatutarias asturianas, cuando éste no es sino una parte del problema. El actual Estatuto de Autonomía asturiano llegó a principios de los 80, en un contexto previo a la integración del Reino de España, y con él de Asturies, en la Comunidad Económica Europea, marcado por la crisis estructural del modelo productivo que desde más de un siglo venía marcando el desarrollo asturiano, simplificado en la trilogía carbón-acero-leche. El Estatuto de 1981, caracterizado por una cortedad competencial evidente agravada por el celo centralista de las organizaciones políticas rectoras de la sociedad asturiana, no resultó una herramienta eficaz para permitir un nuevo modelo de desarrollo, como sí lo fue en el caso de comunidades como la vasca, igualmente golpeadas por la crisis de modelo pero que pudieron superarla gracias al concierto económico, el autogobierno y la voluntad política de un poder autóctono fuerte.

La reforma estatutaria asturiana de 1999 llegó en el contexto de la falta absoluta de alternativas a la voladura del modelo productivo anterior, y fue gestionada por una clase política incapaz de imaginarse otro horizonte que no fuese la inyección de fondos europeos en obras públicas faraónicas y a largo plazo improductivas y la renovada apuesta por el monocultivo energético, con el agravante de ser infinitamente menos generador de empleo y riqueza para la población.

La malograda reforma de 2008, que se venía arrastrando desde cuatro años antes, no llegó como resultado de la presión interna de la sociedad asturiana, sino de una orden de Madrid. El PSOE, recién llegado al Gobierno central, necesitaba acometer la reforma del Estatuto catalán y decidió abrir el melón de una reforma general para acompañar el proceso. El Gobierno asturiano, del PSOE-IU, instalado cómodamente en la gestión ad infinítum de la crisis y los fondos de compensación, decidió ensayar un paripé de reforma ayudado por un PP al que maldita la gracia que le hacía el asunto, y que fue el encargado de poner punto final al asunto, pretextando un ataque de celos por los acercamientos PSOE-IU para recomponer el Gobierno de coalición roto tras las elecciones de 2007.

Y el caso es que la falta de esta reforma está trayendo consecuencias, porque el contexto en el que se mueve Asturies actualmente la hace más urgente que nunca. En plena crisis económica internacional –que vino a sumarse a la crisis estatal del ladrillo, que se sumó, a su vez, a la crisis asturiana del modelo que se arrastra desde hace décadas– la urgencia de tener mecanismos que desde Asturies permitan encarar la situación se hace mayor que antes. Los problemas de financiación, agravados por las cabriolas del Gobierno central para dejar a todos contentos que inevitablemente llevan a los agravios comparativos cuando se basan en la desigualdad más absoluta, la asimetría total y la ausencia de modelo político, van a verse agravados según se vayan agotando los fondos europeos que nuestra clase política viene malgastando desde hace veinte años. La dispersión poblacional y su envejecimiento, la tanto tiempo negada emigración de la juventud, con lo que supone de pérdida de mano de obra especializada y de inversión fallida –dado que gastamos aquí el dinero en formar a aquellos que van a generar beneficios fuera–, la desindustrialización agravada por el cierre de esas empresas de cartón piedra tan generosamente subvencionadas sin ninguna contrapartida, las obras faraónicas, cuyos costes se disparan sin que nadie rinda cuentas, la muerte lenta de la lengua asturiana, la ruina o el endeudamiento brutal de unos ayuntamientos faltos de recursos y de medios para conseguirlos, el destrozo ambiental debido a pantanos innecesarios, urbanismo salvaje o empresas eléctricas depredadoras, todo ello exige un cambio de política que no es posible dentro de los estrechos límites marcados por el actual Estatuto de Autonomía.

Cuando estatutos como el catalán o el andaluz blindan la inversión estatal en sus territorios, Asturies se encuentra en una clara situación de desventaja, y por eso la reforma es hoy más urgente que nunca. Para disponer de un nuevo modelo de financiación que permita liberar los recursos con los que los poderes públicos puedan intervenir en la economía. Para crear un nuevo marco institucional que introduzca mecanismos de participación ciudadana como forma de fiscalizar la acción gubernativa y con ello frenar la corrupción. Para oficializar la lengua asturiana, seña de identidad colectiva y factor de dinamismo social y cultural. Para crear un poder político fuerte que sea algo más que un simple gestor de crisis a la espera de soluciones mágicas que nunca llegan. Para todo eso hace falta un nuevo Estatuto. Bien es verdad que los problemas de Asturies son tan estructurales que no se solucionan con un marco legal salido de la Constitución de 1978. También es cierto que el mejor de los estatutos de poco puede valer si los encargados de desarrollarlo son los mismos partidos que desde hace treinta años vienen gestionando el desastre. Sin embargo, no es menos cierto que sin las herramientas necesarias, si algún día tuviésemos los asturianos un Gobierno digno de ese nombre, de poco nos iba a servir. Hasta la travesía más larga empieza por un primer paso, y muchos son los que tiene que dar aún este pueblo para llegar a ese horizonte de democracia, autogobierno y justicia social con el que soñaron los republicanos del XIX.