Timorato y estafermo
Un Gobierno paralizado, comandado por un incompetente. Así se podría resumir la imagen que actualmente nos está transmitiendo el actual Ejecutivo, precisamente cuando España está atravesando un momento difícil y se necesita una mano firme para dirigir el timón de la nación. Una vez más, por desgracia para todos, aunque alguno puede que lo celebre, se está cumpliendo la ley de Murphy.
Cuando la incompetencia para ejercer un cargo, máxime cuando este es tan relevante como la presidencia de un Gobierno, alcanza el nivel que se enuncia en el principio de Peter, lo honrado, lo leal y lo lógico es presentar la dimisión e irse para casa. Desgraciadamente no es una solución que pueda revertir los errores ya cometidos; pero, al menos, evitará que se sigan cometiendo otros futuros, y, en este caso concreto, nos evitaría a todos los ciudadanos españoles el bochorno de tener un Presidente tan inepto, aranero e impresentable como el que actualmente padecemos.
Los indeseables y desagradables acontecimientos acaecidos en Cataluña el pasado domingo, día 1 de octubre, con ocasión del esperpéntico referéndum convocado por la Generalitat, que han supuesto la culminación de un largo proceso llevado a cabo por los responsables del autogobierno catalán, es un claro ejemplo de la inanición política del Gobierno de turno que no ha sabido parar a tiempo todo lo que se estaba gestando, actuando únicamente sobre los efectos y no sobre la causa. No es de recibo que se haya llegado a un estado de deterioro tan grave por la negligencia de un Gobierno timorato al mando de un Presidente estafermo que sólo reacciona en el momento en que recibe un golpe, cuando ya se han materializado los hechos y solo queda el recurso de aplicar medidas paliativas, o, en el peor de los casos, traumáticas.
El delito de sedición que de facto ha supuesto la celebración del referéndum catalán, con total desprecio a la Constitución española, quiebra el estado de derecho y pone en solfa al Gobierno de la nación, tanto en el aspecto interno como ante nuestros socios europeos y el resto del mundo. Si nuestra Constitución dispone de los mecanismos suficientes para haber desactivado todo este perverso entramado, ¿por qué no se han puesto en marcha, a tiempo, las medidas necesarias para ello? Si, de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, la conspiración para la comisión de un delito es ya en sí mismo un delito, ¿qué hacían, y hacen aún, en la calle personajes tales como Puigdemont, Oriol Junqueras y Forcadell, sólo por citar a los más altos responsables, que venían desde largo tiempo preparando lo que se puede llamar, sin ambages, un golpe de Estado? ¿Por qué no estaban ya detenidos y a disposición de la Justicia? ¿Acaso se está esperando a que se declare la independencia en Cataluña para que, consumada una secesión, no quede más remedio que, al igual que lo hizo el general Franco en febrero de 1939, mandar al Ejército a neutralizar el golpe? En fin, una cadena de desatinos de consecuencias imprevisibles para el país y, por ende, para todos los que en el habitamos.
La nefasta gestión de Rajoy, como máximo responsable del Ejecutivo, frente al desafío al Estado por parte de la Generalitat, negando hechos que todos habíamos escuchado y visionado a través de los diferentes medios de comunicación, es la gota que colma el vaso de los despropósitos y demuestra, una vez más, repitiendo su cobarde actuación del 9N de hace dos años, una falta absoluta de respeto a la ciudadanía y total inepcia para seguir ocupando el palacio de La Moncloa.
Por el bien del país, y para no perder el prestigio y credibilidad que España tiene en todo nuestro entorno, debería producirse la inmediata dimisión del Gobierno en pleno, con su Presidente a la cabeza, dejando paso a otras personas que puedan representar con mayor dignidad a nuestra nación. Es de suponer que el PP tenga, entre sus muchos conmilitones, alguien que lo pueda hacer mucho mejor, cosa que, por otra parte, no es en absoluto difícil. La otra solución, aunque probablemente no sea el momento más oportuno para ello, sería la disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones generales.
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