Defensores y defendidos
Muy recientemente, según diversas publicaciones de ese diario, parece ser que los empleados o funcionarios públicos pertenecientes al sector de la administración de justicia han llegado a un acuerdo con el Principado de forma que aumentaran notablemente sus nóminas amén de otras ventajas adicionales. Pues me parece muy bien por ellos y los felicito sinceramente. Este humilde abogado que además de asuntos particulares también pertenece al numeroso colectivo de abogados adscritos al turno de oficio y a las asistencias al detenido, por el contrario, seguimos sufriendo estos y otros agravios comparativos.
En primer lugar y como lo cortés no excluye lo valiente, hay que reconocer que, quizá con influencia de sendos artículos en los que exponía este asunto y publicados en ese periódico allá por el año 2015 y por los cuales estoy muy agradecido, pues tuvieron su eficacia, insisto en que hay que reconocer que el consejero de Justicia, efectivamente, ha cumplido con su palabra de realizar cuatro pagos al año, cada pago conlleva un trimestre de casos de turno, hecho que hasta entonces no ocurría pues la demora en el tiempo de cobro era mucho mayor.
Ahora bien y enlazando con el asunto del personal del servicio público de la justicia, debe conocer el ciudadano que desde el año 2015 hasta ahora la Consejería ha aumentado la cuantía de los diversos procedimientos de todo orden judiciales en la friolera de… ¡un 2%! ¡Casi nada!, dicho irónicamente, claro está. Y debo aclarar que el turno de oficio no sólo conlleva el ámbito penal sino un divorcio contencioso, un despido o una incapacidad laboral o una reclamación judicial contra la Administración; en definitiva, que puede afectar a todas aquellas personas más humildes económicamente pero que son ciudadanos perfectamente iguales a los demás en cuanto a derechos. A lo anterior, que hay que significar que este tipo de procedimientos conllevan estudio, juicio, recursos, etcétera, lo que hace que en un procedimiento puedan transcurrir perfectamente dos años.
Con todo lo expuesto, quiero insistir en que la retribución a los abogados de oficio que, contrariamente a leyendas urbanas pretéritas, a nivel de encuestas estamos muy bien considerados por los clientes es escandalosamente escasa, máxime con el agravio comparativo del funcionariado reseñado del que me alegro. Sin embargo, es evidente que la función social de un abogado de oficio es insustituible en un Estado democrático y social de derecho; y si este colectivo planteara una huelga, el sistema jurídico, al menos en el ámbito penal, colapsaría en cuestión de muy pocos días pues es preceptiva la asistencia letrada a cualquier detenido. Es decir, que poseemos una fuerza inusitada para, dialogando y negociando, conseguir unas retribuciones mucho más dignas cuantitativamente. Y tampoco estaría de más que se aumentara la plantilla de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, que es el órgano que decide quién o no tiene derecho a tener un abogado gratis a través del turno.
Finalmente, me siento en el deber de aclarar toda esta problemática para que sea de conocimiento público y dado que, muy al contrario de lo que ocurrió con el problema de las tasas que por primera vez existió una especie de manifestación de togas puesto que dichas tasas –injustas– iban en contra de ciudadanos de todas las clases económicas y sociales, con lo cual afectaban a toda la profesión y ahí sí el Colegio de Abogados intervino muy activamente, en este asunto de las retribuciones del turno de oficio no existen, parece ser, las mismas “energías” pues nadie de ese Colegio se molesta en reivindicar lo que genuinamente es de justicia para todo el colectivo adscrito al turno de oficio, y que, tengo entendido, somos alrededor de dos mil abogados. Por ello, a través de esta misiva, insto a todo este colectivo a unirnos de alguna forma, realizar propuestas económicas concretas y agilizar las tramitaciones por el bien nuestro, así como por el bien de todos nuestros conciudadanos con menos recursos. Así pues, vuelvo a animar a todos los compañeros a meditar sobre esta cuestión y que se plantee ante el Consejero –que, insisto, cumplió su palabra pero si no se le exige pues es evidente que no va a surgir de él por los endémicos problemas presupuestarios–. Así pues, emprendamos todos los afectados esta justa empresa y reivindicación.
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