Carta a un huido de la justicia
Esta carta no va dirigida a ningún anónimo huido de la justicia de nuestro país, sino más bien a una persona concreta, que ha puesto tierra de por medio para eludir responsabilidades en su comisión de delito de sedición. Como pueden adivinar, esa persona no es otra que Carles Puigdemont Casamajó, en adelante “el fugitivo”, expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, destituido de su cargo, junto con los demás compañeros de aventura, en aplicación del artículo 155 de la Constitución Española. Lo que quiero reflejar en esta carta es que se entere este desconcertante político de con quién se está gastando los cuartos para eludir la justicia española.
El fugitivo, en un rocambolesco viaje pasando por Marsella, se presentó en Bruselas, capital de la Unión Europea, para llamar la atención sobre su escapada de España por motivos políticos, junto con cuatro exconsejeros de su cesante Gobierno. Llegado a dicha ciudad y por recomendación de algún amigo y admirador suyo, contrató los servicios de un prestigioso abogado belga, especialista en liberar presos políticos retenidos por la justicia de ese país, sobre todo terroristas españoles. Por un lado, la Unión Europea no permitió que en sus instituciones se celebrasen actos en favor de los huidos y el Gobierno de Bélgica consideró el asunto como de índole judicial. Por lo tanto, el fugitivo y sus acompañantes se quedaron sin el amparo que ellos mismos buscaban, quedando a disposición de la justicia belga.
Lo que nadie se ha parado a pensar es de dónde proviene del dinero de los honorarios que cobra el abogado que los está representando ante el tribunal que los está juzgando para su posible extradición a España. Y, lo que es peor aún, de dónde salió el dinero pagado por los honorarios del mismo abogado que defendió a los terroristas etarras ante la justicia del mismo país que ahora juzga a estos cinco ciudadanos españoles. Está muy claro que ese dinero salió del pago de rescates por secuestros llevados a cabo por la banda a la que pertenecen los terroristas juzgados, por atracos como el perpetrado al Banco Herrero de Oviedo (ciento treinta millones de pesetas se llevaron) y del “impuesto revolucionario” cobrado a empresarios del País Vasco durante muchos años. Con esto quiero decir que el prestigioso abogado ha cobrado dinero negro proveniente de delitos muy graves. Ahora el fugitivo pagará los honorarios de ese mismo abogado con dinero de su partido proveniente de las cuotas de los afiliados al mismo, de donativos de particulares e incluso de la subvención que recibe el partido del Estado español. Esto es lo que demuestra la bajeza moral que profesan estos corruptos políticos de Cataluña. Y además aún les queda la desvergüenza de volver a presentarse a las próximas elecciones.
Sobre esta última parte algo tendrá que decir el Gobierno de España, que se permita a estos delincuentes que vuelvan a presentarse a las elecciones del 21-D estando unos en la cárcel y otros huidos de la justicia, por los delitos tan graves que cometieron. ¿Qué pasará si ganan las elecciones y vuelven a ocupar los escaños que tenían antes de ser encarcelados y de huir de la acción de la justicia? Sería imposible de entender y, menos aún, explicarlo.
Ángel Muñiz Fernández
Oviedo
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