El pucherazo
Si pensábamos que, en el sainete catalán, ya lo habíamos visto todo y que era ya muy difícil sorprendernos con más triples saltos mortales con tirabuzón, estábamos completamente equivocados. Cuando hasta los independentistas más recalcitrantes encarcelados acatan el artículo 155 de la Constitución, van los de Podemos, que mejor se dedicaban a protestar por el enésimo "tarifazo eléctrico", ya que es una de las pocas fuerzas políticas que tiene autoridad moral para hacerlo, y recurren la aplicación de ese artículo en Cataluña. El artículo 155 dice muy clarito cuando hay que aplicarlo y a la gente seria nos gusta cumplir lo que juramos o prometemos.
Pero, las bobadas a que últimamente nos tienen acostumbrados Podemos e Izquierda Unida, y que no comparten la inmensa mayoría de sus militantes y votantes, no son nada comparadas con las cosas que dicen los dirigentes de ERC, que han desbordado a los anarquistas de la CUP no por la izquierda sino por la pérdida del juicio. Si las palabras de Marta Rovira sobre los muertos y la sangre en las calles, y sobre que ellos no querían una independencia unilateral, ya eran patrañas surrealistas, los conspicuos republicanos dicen ahora que temen que si los resultados del 21D no satisfacen los deseos de los partidos constitucionalistas, pueda haber un "pucherazo" electoral. Hay que tener mucha caradura y muy mala uva para decir algo así en España.
El sistema electoral catalán, que va a regir en las elecciones autonómicas, es exactamente el mismo que el que funciona en el Estado, porque los independentistas no han sido capaces o no han querido hacer una ley electoral distinta para Cataluña. Como todo el mundo sabe, no es el Gobierno de ninguna comunidad autónoma ni el Gobierno de España los que hacen el recuento electoral y firman las actas, sino que es el presidente de la mesa electoral y sus dos vocales, designados por sorteo entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente, los que cuentan los votos y los llevan al juzgado para que un juez, independiente, por supuesto, firme las actas con el número de votos obtenidos por cada candidatura. Pero es que, además, todas las fuerzas políticas que concurren a los comicios tienen derecho a tener sus propios apoderados, perfectamente identificados, en las mesas electorales y hacer su propio recuento de los votos y eso es una práctica habitual en todas las elecciones que se celebran en España, y funciona hasta el punto de que los partidos políticos suelen saber los resultados electorales antes de que los anuncia el portavoz del Gobierno. Por si estas garantías no fueran suficientes, las encuestas a pie de urna que hacen las empresas de demoscopia, que nada tienen que ver con los gobiernos, afinan tanto que difieren muy poco de los resultados finales. En España ha habido muchas elecciones desde la Transición democrática y nunca ninguna fuerza política ha puesto en duda la credibilidad y limpieza de los resultados electorales, a pesar de que hubo algún partido político, como UCD, que en las elecciones generales de 1982 perdió nada menos que 155 escaños y se quedó solo con once diputados, o Podemos, que en las generales de 2015, a las que se presentaba por primera vez, obtuvo 69 asientos en el Congreso de los Diputados. Los independentistas catalanes siguen mintiendo, delirando y enfangándolo todo, curándose ya en salud por si los resultados de las elecciones catalanas del 21D no se ajustaran a sus deseos.
J. J. J. Suárez González, Gijón
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