Buscan y honran a sus muertos
Como español, me resulta admirable el comportamiento que observo de no pocos estados democráticos que ponen recursos económicos y mucha convicción ética y política, en el hecho de buscar y recuperar los restos enterrados de aquellos soldados o civiles que perdieron sus vidas en la defensa de sus banderas o ideales.
Australianos, rusos o argentinos aún continúan buscando sus muertos fallecidos en diferentes guerras, distintas épocas o remotos lugares. Otros como norteamericanos, franceses o alemanes, hicieron –como el resto– lo propio con mucha antelación: los encontraron, los desenterraron, identificaron cada uno de los restos, dieron cumplida cuenta a sus familiares y les ofrecieron digna sepultura. Cada año, las víctimas de guerra son honradas como verdaderos héroes por las autoridades de su nación de origen. Sus descendientes están presentes y todos obedecen a conductas universales no escritas en parte alguna. Son personas civilizadas que pertenecen a países con autoridades civilizadas.
Recientemente, el gobierno español que preside Mariano Rajoy ha actuado de similar manera: consiguió que desenterraran, identificaran y transportaran desde Rusia los restos de 23 españoles combatientes de la División Azul, muertos durante la segunda guerra mundial que contra la Unión Soviética emprendió la Alemania de Hitler, de quien con anterioridad Franco recibió ayuda militar inestimable en la guerra civil que siguió a su fallido golpe de Estado. Los gastos que ocasionó dicha operación humanitaria han sido satisfechos por el actual gobierno a cargo de los presupuestos generales del Estado. Y se hizo con absoluta discreción, a escondidas, pero con total ánimo de hacer justicia: y es que las víctimas enterradas en las heladas tierras rusas, tal como la derecha comenta entre sí: “son de los nuestros”.
Quienes han gobernado nuestra nación desde la restauración democrática, han mantenido, respecto al resto de países civilizados, una excepción macabra reiteradamente condenada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, y del Consejo de Europa: existen en España más de 150.000 crímenes sin resolver, desapariciones forzadas de civiles que no fueron combatientes de la guerra de 1936-39: mujeres y ancianos arrasados por las tropas moras bajo órdenes de generales del ejército sublevado, los llamados “nacionales”, por tierras y pueblos indefensos de Andalucía y Extremadura, donde no hubo guerra ni resistencia. En otras regiones eran camarillas falangistas que operaban por las noches en lugares cercanos deteniendo a “desafectos” al recién instalado régimen franquista. Sin juicios, fueron asesinados y tirados en fosas comunes sin dar cuenta a sus familiares de los hechos ni lugar de enterramiento. Ochenta años después los restos permanecen ocultos bajo las cunetas, en montes o arenales y tapias de los cementerios, sin que signo alguno advierta de su presencia allí, bajo tierra. Los niños robados a madres republicanas no corrieron mejor suerte. Tampoco para los republicanos españoles que lucharon en Europa contra el nazismo y acabaron sus días en los campos de exterminio alemanes. Tal parece que quienes defendieron la legalidad democrática en tiempos de la República, nuestros gobernantes ahora no les reconocen el derecho a ser tratados como españoles. Tal vez porque “esos no eran de los suyos”.
Los familiares de las víctimas del franquismo llevan muchos años pidiendo verdad, justicia y reparación para con sus desaparecidos. La Ley de Memoria Histórica aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero apenas les ha servido para gran cosa. La misma ley que Rajoy, desde que es presidente de Gobierno, se jacta orgulloso de haberla liquidado dejándola fuera del presupuesto nacional. Con la excepción que ha tenido para con aquellos que salieron a combatir lejos de España, con el objetivo de sembrar los ideales del fascismo internacional a sangre y fuego.
Desgraciadamente, aún existe una mayoría de españoles que callan a la vez que miran hacia otro lado ante tal escarnio colectivo no superado en la historia de España. Es su forma de querer mantener a “salvo su conducta”: a costa de las injusticias que pesan sobre los demás. Una vez más, España es (in)diferente.
José Sierra Fernández, Grado
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