Justicia: de la politización a la reforma
He leído recientemente que el PP y el PSOE vuelven a bloquear la despolitización del nombramiento de miembros del Consejo General del Poder Judicial. Lo cierto es que no me extrañaba, pero la curiosidad me hizo saber cuáles eran, esta vez, las razones que daban para la paralización de ese proceso, máxime cuando ya no sólo se había previsto en la primera legislatura de Mariano Rajoy, sino que además formaba parte del pacto de investidura firmado con Ciudadanos. Incluso ha habido un tirón de orejas del grupo de la OCEDE denominado GRECO y que se ocupa de proponer y vigilar las medidas contra la corrupción de los estados miembro. Una de las medidas pasaba por la despolitización de la justicia, incluyendo el ministerio fiscal.
El PSOE, según leo, rechaza "cualquier pretensión corporativa de convertir el gobierno del Poder Judicial en una suerte de autogobierno de jueces y magistrados". ¡Muy bien! Estoy de acuerdo con el Partido Socialista en la necesidad de evitar ese corporativismo, pero no a costa de la politización. Siguen siendo parte de un problema y no parte de la solución. Desde hace ya muchos años, el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional (el MCRC), siguiendo las tesis de don Antonio García-Trevijano, propone (a todos los simpatizantes y afiliados con cátedras o doctorados en Derecho Constitucional del PSOE y del resto de partidos) una solución que, por desgracia en la España actual, parece quimérica, utópica, pero no por ello menos revolucionaria: que sean los operadores del ámbito judicial los que elijan al presidente del Consejo General del Poder Judicial. Sin cuotas. Votarían en elecciones directas al presidente los siguientes ciudadanos: magistrados (de la carrera judicial, los del Tribunal Constitucional no cuentan, pues este tribunal no forma parte del Poder Judicial), jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados ejercientes, procuradores ejercientes, funcionarios de la administración de justicia, peritos de órganos judiciales... De paso, que promuevan en la reforma constitucional la garantía de un porcentaje mínimo de los presupuestos generales del Estado para la justicia. Y si, a mayores, eliminan el Tribunal Constitucional, eso que ganaría la justicia. Con esta propuesta, despolitizarían la justicia y, de paso, impedirían el también negativo corporativismo judicial. Todos ganan, especialmente los ciudadanos.
Aún no he escuchado a nadie que censure esta propuesta, salvo algún juez en ejercicio más de soberbia que de cargo, porque les robaría protagonismo y a algún diputado autonómico un tanto perdido y con ganas de hacer carrera en el partido de turno.
La politización de la justicia es evidente cuanto más subimos en el escalafón. Miembros nombrados por el poder legislativo entre ternas de candidatos, por ejemplo. No voy a negar aquí la independencia individual de muchos profesionales de la justicia, desde magistrados a peritos, pero cuando hablamos de independencia judicial no estamos refiriéndonos a independencia de servidores públicos, sino a un plus en una organización que, desde Montesquieu, sistematizador de la materia, se ha denominado "separación de poderes".
Debe rellenar todos los datos obligatorios solicitados en el formulario. Las cartas deberán tener una extensión equivalente a un folio a doble espacio y podrán ser publicadas tanto en la edición impresa como en la digital.
Las cartas a esta sección deberán remitirse mecanografiadas, con una extensión aconsejada de un folio a doble espacio y acompañadas de nombre y apellidos, dirección, fotocopia del DNI y número de teléfono de la persona o personas que la firman a la siguiente dirección:
Calvo Sotelo, 7, 33007 Oviedo