Un año más, la ridícula subida de las pensiones
La recuperación económica no termina de llegar al bolsillo de los españoles.
A propuesta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el Gobierno aprobó en su día que las pensiones sólo subirán este año 2018 el mínimo exigido por la ley, esto es, un 0,25 por ciento. Por lo tanto, se confirma que los pensionistas perderán poder de compra por segundo año consecutivo, habida cuenta que el IPC es notablemente superior a ese cuarto de punto.
Esta situación, además, se mantendrá en los próximos años, ya que la Seguridad Social seguirá siendo deficitaria. En ese contexto, el índice de revalorización de las pensiones (IRP) marca que la subida sólo puede ser del 0,25%. La medida se comenzó a aplicar en 2014, pero en ese ejercicio y en el siguiente la inflación fue nula o incluso negativa, lo que permitió que los pensionistas y jubilados llegasen a ganar poder adquisitivo. Pero esa histórica situación de IPC anormalmente bajo parece haber acabado ya.
Hasta 2022 sólo podrán subir el 0,25% si no se introducen nuevas medidas, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Mas esto, sin embargo, provocaría un importante empobrecimiento de los pensionistas y tendría un alto coste político para cualquier Gobierno (máxime para el PP en su situación actual), por lo que parece poco probable que no se vaya a tomar alguna decisión de calado sobre la Seguridad Social.
Una de ellas podría ser, tal y como ya se ha tratado en la comisión del Pacto de Toledo, liberar al sistema de ciertos gastos como las pensiones de viudedad y orfandad, de ciertas prestaciones que se abonan a costa de las cotizaciones a la Seguridad Social pero que realmente corresponden a las cuentas públicas. De esta forma, el sistema recibiría un fuerte alivio y podría dejar de ser deficitario, lo que haría posible que las pensiones registrasen mayores incrementos.
Por otra parte, son muchas las voces que han expresado alternativas sobre la viabilidad del actual sistema de pensiones y plantean la necesidad de acometer cuanto antes ciertas reformas que garanticen su futuro.
Urge, pues, que éste sea el epicentro de un debate político donde se busquen soluciones de consenso. Porque, entre tanto, quienes lo pagan son los pensionistas, que se siguen empobreciendo calladamente.
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