La historia interminable de las pensiones
Acababa prácticamente de leer el artículo que, bajo el epígrafe "El progresivo empobrecimiento de los pensionistas", publicó el diario LA NUEVA ESPAÑA en su edición del pasado día 26 de enero, firmado por el economista praviano Jesús Arango Fernández, exconsejero de Agricultura del Principado de Asturias por el PSOE y exprofesor de Economía Aplicada de la Universidad de Oviedo, cuando recibo la carta del Instituto Nacional de la Seguridad Social mediante la cual, con un afable trato de estimado pensionista, se complacen de informarme de que, con fecha 1 de enero de 2018, se procederá a aumentar la cuantía de mi pensión un 0,25%. Total, una vez deducida la retención del IRPF, una revalorización de poco más de 5 euros mensuales, asunto que, por razón de oportunidad, me ha hecho esbozar una sarcástica sonrisa. Un año más, y ya van cinco, tendremos que afrontar estoicamente, con ese mísero incremento, las importantes subidas de precios ya anunciadas para 2018, tales como el gas, telecomunicaciones, carburantes, autopistas y el largo etcétera que se irán sucediendo a lo largo del ejercicio, lo que seguirá minando el ya mermado poder adquisitivo de las pensiones.
Salvados algunos errores en las cifras, sin duda debidos a algún lapsus calami, y desposeído de la carga doctrinal derivada del ideario que todo político lleva en su mochila, siempre arrimando el ascua a su sardina, creo que el artículo anteriormente citado merece, cuanto menos, el honor de ser leído por todos los pensionistas. Después se estará de acuerdo o no, en todo o parcialmente, con su contenido, pero, en cualquier caso, lo que estoy seguro es que nadie sentirá que ha perdido el tiempo y, a pesar de lo serio del tema, también se le escapará alguna sonrisa. A este respecto, y por razones de la limitada extensión que el periódico concede a estas cartas, sólo quiero hacer una puntualización a lo que el Sr. Arango escribe: dice que, en su momento, ya había alertado del empobrecimiento que iba a representar para los pensionistas la reforma que el Gobierno del PP aprobó en 2013, asunto que, por supuesto, es innegable, pero hay un pequeño truco, se olvida de mencionar que el problema tiene su origen en el Gobierno de Zapatero, cuando decidió la primera congelación de las pensiones de la historia para el año 2011. Desde el 31 de diciembre de 2010 al 31 de diciembre de 2012 la variación acumulada del IPC, calculada en el Sistema Base 2016 que utiliza la definición de gasto de consumo de la EPF (Encuesta de Presupuestos Familiares), fue del 5,25%, lo que redujo, en ese mismo período, el poder adquisitivo de las pensiones un 4,25%. Está, pues, claro que el problema ya se había generado más atrás, y que siempre, por acción u omisión, se puede manipular la historia para adaptarla a nuestros particulares intereses.
No cabe duda de que el tema de las pensiones, de las que dependen más de 9,5 millones de personas, y creciendo, es algo complejo y delicado que demanda una urgente solución, y que esta, para que sea sostenible y duradera, requerirá de un consenso político muy mayoritario que recoja lo mejor de cada una de las sensibilidades que constituyen el Congreso de los Diputados, obviando intereses partidistas en beneficio de un colectivo al que, primero o después, todos acabaremos perteneciendo. Es cierto que las actuales limitaciones económicas derivadas del balance de las cuentas de la Tesorería Seguridad Social, no son precisamente favorables, pero también lo es el hecho de que pueden encontrarse otras fuentes de financiación complementarias, vía Presupuestos Generales del Estado, que contribuyan a equilibrar el binomio de ingresos-gastos del sistema. En esta línea de buscar recursos económicos tampoco vendría mal identificar y eliminar gastos superfluos de una estructura de Estado mastodóntica, que los hay y muchos, y compartir de forma justa y generosa los sacrificios a que hubiera lugar entre todos. Lo que no es de recibo, y a lo que tenemos que oponernos con la mayor firmeza, es que con un incremento del 0,25% de las pensiones se prevea subir el sueldo de los diputados un 1,5% y el propio Gobierno se aumente sus retribuciones en más de un 1%. Si a esto le llamamos justicia social que venga Dios y lo vea.
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