Motos y ruidos en Siero

El mantra de que “hay que respetar la legalidad” parece que tuviera en Siero una interpretación perversa, si se tienen en cuenta los acumulados de sentencias que desmienten al Ayuntamiento de Siero o al equipo (“fuerte”, según su autopropaganda) de PSOE-Foro que determinan para dónde sí y para dónde no se destinan los recursos públicos, y para qué lugar se mira cuando se contamina o se vulneran las normas urbanísticas o ambientales.

El circuito de motos competitivas en Llorianes acumula ya una larga lista de incumplimientos, derivados de sus inicios improvisados y voluntaristas, que han sido impulsados desde el Ayuntamiento con su falta de rigor y ausencia de información adecuada al vecindario.

Y, sin embargo, se insiste en dar vuelos a esos incumplimientos, como acaba de nuevo de suceder al relanzarse la posibilidad de que una iniciativa privada y legítima se convierta en “pública” sin que nadie lo decida, únicamente la ocurrencia desde el equipo que gestiona el Ayuntamiento, que da alas y provocará nuevas frustraciones al apoyar “por detrás” el lanzamiento de proyectos sin rigor que podrían vulnerar, como ya lo están vulnerando, las normas elementales de “la legalidad” en materia de ruidos, de protección ambiental, de peligros innecesarios, incluso generando división entre los vecinos del entorno (“aceptación o repulsa social que plantea el proyecto en el ámbito geográfico de referencia afectado”).

Conocedor de que haya esas preocupaciones, trasladadas al procedimiento de alegaciones, el Ayuntamiento debiera priorizar normalizar las discrepancias contrastando datos elementales, y sobremanera no ocultando al vecindario los procedimientos, respetando y contestando debidamente a esas alegaciones, cosa que no ha querido hacer hasta el presente.

Conocido es que las canteras una vez finalizada su actividad deben restaurar la zona explotada de acuerdo al proyecto de explotación, siguiendo los compromisos de restauración. Y no es el caso.

Los promotores reconocen que se producirán vertidos accidentales de lubricantes o hidrocarburos. Para evitar filtraciones de sustancias oleaginosas en la zona por averías de los vehículos, o escapes en las recargas, es preciso acondicionar una zona e impermeabilizarla para poder recoger dichos vertidos y llevarlos a un gestor autorizado, ya que no tienen previsto instalación de depuración.

Para reducir la generación de polvo, se deberían adaptar el terreno y los accesos, porque anunciar que se va regar resulta claramente insuficiente y complicado si no hay maquinaria o conducciones para ello. Preceptivo es que cualquier actividad que se desarrolle en ese suelo debe ser posibilitando la recuperación paisajística del lugar.

La competición de motos ruidosas tendría una clara afección sobre la calidad del aire del entorno, y más teniendo en cuenta que no se contempla medida alguna preventiva, y ya existen varias denuncias por incumplimiento de la ordenanza sobre calidad acústica desde que se está usando como circuito sin los permisos preceptivos.

La salud de los colindantes debiera ser preservada con los establecidos estudios de modelización acústica, para acreditar que los niveles de emisión de ruido derivados del régimen de funcionamiento continuo de la actividad se limitarán de manera tal que los niveles de inmisión en el límite de la zona se ajusten a las previsiones del decreto 99/85 de la legalidad asturiana.

De llevarse a término esta actividad tendría una clara afección sobre el entorno y su fauna que también haría preceptiva la instalación de mallas para evitar la entrada de animales.

Se haría preciso al menos instalaciones de depuración con fosa séptica para los baños de los pilotos y el público asistente a las pruebas, aseos que ni se contemplan en el proyecto y que resultan imprescindibles para garantizar la salubridad del lugar.

Y resultaría obligatorio un programa de vigilancia ambiental que contenga y garantice el cumplimiento de las medidas protectoras, compensatorias y/o correctoras, contenidas en el documento ambiental estratégico, cosa que no parece a vista de las propuestas realizadas y el presupuesto que se maneja a la baja, como si lo determinado por la “legalidad” asturiana pudiera ser objeto de rebajas por parte de la empresa o del Ayuntamiento de Siero.

En dicho programa han de especificarse los plazos estipulados para su realización, la frecuencia de controles, el espacio físico a controlar, los métodos a utilizar, el equipo humano implicado y los equipos de medida a emplear. Ciertamente, con el presupuesto anunciado resulta imposible realizar seguimiento ni control alguno, y si las autoridades municipales no se lo comunican a los promotores es probable que estén participando de una nueva “falta de legalidad” que favorecerá el requerimiento judicial, caso de ser éste necesario.

Y, otra vez, el Ayuntamiento de Siero volverá perder. Pero ¿asumirán sus responsabilidades y pagarán de su peculio el Alcalde y su equipo?

Y, entonces, ¿cuál ye la solución?

La solución razonable y única es que se busque la ubicación favorable para un circuito de estas características, con sus inversiones privadas adecuadas. Cumpliendo y no vulnerando la legalidad vigente.