Unidades de corrupción
Desde el año 2008, año en que, supuestamente, comenzara la crisis económica a nivel mundial y, por supuesto, a nivel nacional, los medios de comunicación, en especial diversos canales de TV, se han venido haciendo eco de los problemas que dicha crisis, agudizada en España, según los mismos medios, por los problemas de corrupción de los partidos políticos, ha provocado en España, entre ellos incremento del paro, precarización laboral, reducciones salariales, desahucios, desigualdad social, etcétera, por citar algunos.
En ciertos canales de televisión se presentan debates a los que se invita, además de a periodistas afines a determinados partidos políticos, a políticos de los partidos más representativos a nivel nacional. Los debates, a veces muy acalorados con el ánimo de presentar argumentos que soporten sus ideas y las de los partidos afines a los conferenciantes, habitualmente son un reflejo de lo que también vemos por los canales de TV cuando los políticos discuten en el Congreso, durante los cuales muy a menudo me recuerdan a los juegos de niños en los que las defensas de las acciones se fundamentan en “y tú más” o en el “tú comenzaste antes que yo”.
Los argumentos típicos son: cuando el PSOE denuncia los grandes casos de corrupción del PP, entonces el PP esgrime los ERES del PSOE; si Podemos tiene algo que añadir en contra de los dos anteriores, entonces el PP responde con el dinero de Venezuela y de otros países; si PdCat dice algo, entonces sale a la palestra el 3% de Cataluña, y así sucesivamente llevamos los ciudadanos españoles diez largos años escuchando las mismas cosas y otras más que podrían aparecer sobre la corrupción.
Asumiendo que esto no parece tener solución, pienso que ha llegado el momento de medir la corrupción. Al igual que Hacienda nos exige responsabilidades si no hacemos la declaración de la renta, o existe algún fraude u olvido involuntario, al igual que los jueces establecen en sus sentencias porcentajes de responsabilidad, por ejemplo cuando dos o más buques colisionan, ¿por qué no definir la corrupción mediante lo que se denominaría “unidad de corrupción”, dándole una equivalencia en euros, por ejemplo una unidad de corrupción igual a cien mil euros? De esta forma, efectivamente, es posible que no solucionáramos el problema pero al menos sabríamos los españoles en qué medida los políticos de los diferentes partidos son corruptos y, sobre todo, se aclararía el “tú más”.
Hace bastantes años (allá por 1930) se instauró una unidad de pago utilizada en el comercio internacional marítimo que permitía establecer la cuantía de la responsabilidad y la limitación de responsabilidad, por ejemplo de un naviero, de un cargador, de un fletador, etcétera, que se denominó franco Poincaré en honor de su fundador (Sr. Poincaré), que con el devenir de los tiempos se convirtió en “derechos especiales de giro”, con el mismo fin. Esta unidad se definió y se utilizó también en España incorporada al Código de Comercio. Por definición, el franco Poincaré era una unidad de cuenta utilizada por las normas internacionales sobre responsabilidad equivalente a "65,5 miligramos de oro de 900 milésimas de pureza”. El franco Poincaré fue utilizado internacionalmente y así aceptado en el comercio internacional.
Pues bien, sugiero que, de forma similar al franco Poincaré, se desarrolle la normativa necesaria que permita definir e implementar la “unidad de corrupción”. De esta forma podremos saber en qué medida es corrupta cada persona, pertenezca o no a un partido político. Obviamente puede haber personas corruptas pero tiendo a pensar que las personas que pertenecen a organizaciones, organismos y partidos políticos lo son porque en el modus operandi de esas organizaciones y partidos políticos incorporan la corrupción como algo habitual y un mal menor. Pongamos en marcha la “unidad de corrupción”.
Laureano Fernández Barcia
Valdepares (El Franco)
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