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Los pensionistas erramos el tiro

4 de Marzo del 2018 - Rufo Costales (Oviedo)

El Sr. Miserias, pensionista, 700 euros/mes, ha salido el jueves pasado a la calle, junto con miles de jubilados de toda España, para reivindicar sus derechos y reclamar al grito de “Sí se puede” que se acaben las “pensiones de miseria”. A la protesta se han unido algunos diputados “fiables” como Íñigo Errejón, de Podemos; Rafael Simancas, del PSOE, o Alberto Garzón, de IU, para mostrar su apoyo a las demandas de los pensionistas.

Dos detalles me han llamado la atención:

1) Sorprendentemente, el Sr. Miserias no iba acompañado por sus dos hijos, licenciados ambos, con máster y mileuristas. Es llamativa su ausencia porque son éstos los que deberían manifestarse, ya que serán ellos, y no sus padres, los más damnificados por los recortes que se avecinan.

2) Me ha parecido paupérrimo que de los 9,5 millones de pensionistas que hay en España, sólo unos pocos miles hayan acudido a las manifestaciones. Por eliminación, intuyo que serían los que cobran 430 euros/mes. Unos miles.

También me gustaría concretar qué es lo que se reclama, defiende y persigue con estas manifestaciones. ¿Alguien lo sabe? Ah, un señor, allí al fondo, ha levantado la mano…

A ver. Todos los políticos, de derechas e izquierdas, saben que en la situación actual sólo se podrían mejorar mínimamente las pensiones con nuevos impuestos que, en buena parte, pagarían los mismos pensionistas (ésos que no han acudido a las manifestaciones) y los hijos del Sr. Miserias. Sólo eso.

Otra cosa es que los políticos, en un acto público de flagelación por incapaces e impúdicos, reconozcan y renuncien a algunas de sus prebendas. Por ejemplo:

A) Que se supriman de inmediato las vergonzosas y lacerantes pensiones máximas de políticos que cotizan 7 años, mientras hay muchos pensionistas que cobran por debajo del salario mínimo con 40 o más años de cotización.

B) En caso de subida se debería empezar con una escala inversamente progresiva, es decir, más subida en las mínimas. No es de recibo, ni ético, que el Sr. Feijóo, por ejemplo, que cobra 72.679 euros/año, se aplique una subida del 7,5% (5.450 euros), mientras que al Sr. Miserias, con sus 700 euros/mensuales (9.800/año), le suban un 0,25% (25 euros.). Insuficiente, pero mucho más justo sería un 0,25% al Sr. Feijóo (182 euros) y un 7,5% al Sr. Miserias (735 euros).

Y, por favor, no embosquemos la realidad diciendo que la pensión media en España es de 1.060 euros (en Asturias es de 1.309 euros). Suena bien, pero el Sr. Miserias cobra 700 euros, y no es de las más bajas, ni mucho menos. Que se siga hablando de pensión media me altera los marcadores hepáticos. No hay media que valga. La referencia obligada es la pensión mínima, y ésta es lamentable. Y abocada a la pobreza severa.

Todos ustedes conocen lo que es un sistema piramidal. Como saben, en este tipo de sistemas las rentabilidades aseguradas por los “gestores” son imposibles, a menos que haya una incorporación constante y creciente de nuevos partícipes. En el momento que esto no se cumple… ¡crack! Y nuestro sistema de pensiones está basado en una estafa legal, tipo Ponzi, en el que las rentas de los participantes las pagan los nuevos primos que entran en el sistema.

Llegados a este punto, la sostenibilidad de las pensiones públicas, independientemente de bonanzas económicas, manifestaciones de jubilados o promesas falaces de políticos, apunta sólo en una dirección… ¡crack!

El sistema es claramente deficitario. Y eso que aún no ha comenzado a jubilarse la generación del “baby boom” de los años sesenta, que fue la primera generación que accedió a la Universidad y a puestos de trabajo más cualificados, que, al tener salarios más altos, les corresponderán mejores pensiones, lógicamente.

Ah, y no recurramos al mantra de que no hay dinero para las pensiones, pero sí para los bancos. Concretamente, los 60.000 millones que les ha regalado el Gobierno, dicen. No es cierto. Los bancos son entidades privadas. El Gobierno ha tenido que inyectar esa impresionante cantidad no a los bancos, sino a las cajas de ahorros, cuyos consejos de administración estaban formados por políticos de partidos y sindicatos, unos y otros colocados a dedo, y que han mal gestionado y arruinado a las cajas. Entre todos hemos pagado esa ruina, mientras algunos se lo han llevado crudo. Fuera ese mantra.

Señores, somos nueve millones y medio de pensionistas, generando un gasto de 139.647 millones de euros, a lo que hay que añadir una esperanza de vida que nos coloca como segundo país más longevo del mundo, por detrás de Japón, es evidente que nuestras pensiones públicas van a ser recortadas, y ni siquiera las manifestaciones o el hipotético derrocamiento del Gobierno de turno podrán evitarlo.

El dato de “esperanza de vida” tendrá especial relevancia, ya que a partir de 2019 a las variables ya existentes para el cálculo de la pensión, como son la edad de jubilación, los años cotizados, la cuantía cotizada, etcétera, se añadirán dos nuevas: (1) el factor de revalorización anual y (2) la esperanza de vida.

La primera supone ligar la revalorización de las pensiones a la salud de las arcas públicas. Por el efecto de la segunda medida se estima una reducción de entre el 0,50% y el 0,70% sobre la base reguladora (ya a partir de 2019).

Al Gobierno le ha cogido por sorpresa esta inesperada irrupción de los jubilados, y a punto está del infarto colectivo, ya que según el CIS, un 27,5% de quienes respaldaron la continuidad de Mariano Rajoy en las generales de junio de 2016 superaba los 65 años. Dos millones de votos que se pueden ir por el desagüe. La oposición lo sabe, lo saben los sindicatos y lo saben los pensionistas. Rajoy, inerme y con los gayumbos pelín tono marrón, tiene que hacer algo. La oposición lo tiene claro: subiría los impuestos. Pero el que gobierna es el PP. Rajoy dirá que ellos son los garantes de las pensiones. La izquierda, que es una vergüenza de Gobierno y que hay que subir las pensiones. Todos los demás esperando que venga Bruselas, dueño de la pasta, a exigir la supresión de las autonomías y diputaciones, reducción de ayuntamientos, cierre de televisiones autonómicas, supresión de subvenciones a ONG, sindicatos, cine español y un largo etcétera de despilfarros... Igual nos llega.

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