Paremos la limpieza étnica del pueblo rohingya
El 25 de agosto de 2017, el ejército de Myanmar lanzó una operación militar contra la población civil rohingya en el norte del estado de Rajine después de que el grupo armado "Ejército de Salvación Rohingya de Arakán" atacase alrededor de 30 puestos de las fuerzas de seguridad. Entre los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas de Myanmar figuran homicidios generalizados de mujeres, hombres, niños y niñas; violaciones y otras formas de violencia sexual de mujeres y niñas; expulsiones masivas y el incendio sistemático de pueblos. Muchos rohingyas huyeron entonces hacia Bangladesh.
En los meses posteriores, las restricciones a la circulación se hicieron aún más duras para las personas que quedaban, y los ya estrictos toques de queda se ampliaron. Soldados y paramilitares saquearon e incendiaron mercados rohingyas o restringieron el acceso al mercado sólo para las personas que tuvieran una Tarjeta de Verificación Nacional, documento de identificación temporal que la mayoría de la comunidad rohingya rechaza, pues no reconoce a sus miembros como ciudadanos. Incluso cuando aumentó la presión y miles huyeron, hubo muchas familias rohingya que se quedaron. La agricultura es un medio de vida fundamental en todo el estado de Rajine, y la temporada de cosecha del arroz, el cultivo básico de la zona, es en noviembre y diciembre. Las reservas de la cosecha anterior comenzaban a escasear. El ejército debía saber lo que iba a ocurrir cuando impidió a la gente rohingya ir a sus arrozales.
Abdu Salam decidió permanecer en su pueblo, y lo hizo porque Hpon Nyo Leik era su hogar, el único que conocía, y quería proteger las propiedades de su familia y su derecho a vivir allí. Pero cuando a finales del 2017 su familia apenas podía alimentarse a causa de la táctica del ejército myanmaro de provocar el hambre, tuvo que unirse al éxodo. Ahora sobreviven en un refugio de bambú en los límites de Kutupalong Extension, un campo de refugiados en constante expansión situado en el sur de Bangladesh que alberga a la mayoría de las 688.000 personas rohingyas huidas de Myanmar desde agosto.
Mientras en las últimas semanas las familias rohingyas huían hacia la costa, las fuerzas de Myanmar asestaban un golpe definitivo, robándoles sistemáticamente en los puestos de control. Abdu Salam describió a Amnistía Internacional cómo en uno de esos puestos los soldados separaban a los hombres de las mujeres, les registraban el equipaje, les hacían registros corporales, a menudo agrediendo sexualmente a las mujeres durante el procedimiento, y robaban cualquier cosa de valor que encontraban: dinero, joyas, ropa y teléfonos.
En medio de la eficaz limpieza étnica de la población rohingya, que raya en lo inconcebible, algunos estados del mundo han expresado su alarma o incluso su condena a las atrocidades. Pero la comunidad internacional sigue sin tomar ninguna medida concreta para impedirlas.
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