MONOGRÁFICO SOBRE PENSIONES: AMAÑOS Y DEMAGOGIA
La tan cacareada sesión parlamentaria para debatir en exclusiva la situación de las pensiones en España, el pasado miércoles, dejó más frustraciones e incógnitas que soluciones. Tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como la oposición se dedicaron a vender humo con poca o ninguna concreción, más pendientes de los gestos de cara a la galería y de sus intereses políticos que del bien general de los ciudadanos. Sin embargo, es más censurable la actitud del jefe del Ejecutivo, porque, al fin y al cabo, él es quien tiene la obligación de intentar liderar la solución al problema de las pensiones en nuestro país, ya que cada vez los beneficiados son más incapaces de mantener el poder adquisitivo.
Mariano Rajoy tiene un problema del 0,25 por ciento. Es esa la insignificante valoración anual de las prestaciones de jubilación en los últimos cinco años en España, una cifra que ha motivado la indignación de los jubilados plasmada en multitudinarias manifestaciones que se repetirán este fin de semana en numerosas capitales españolas.
Las protestas -y las encuestas que indican que parte del desplome general del PP se explica por la intención de abandono del voto de los jubilados, tradicional caladero electoral del partido del Gobierno- llevaron el miércoles 14 al presidente Rajoy a comparecer en el Congreso de los Diputados para explicar sus intenciones respecto a las pensiones.
De entrada, en su exposición de motivos, don Mariano no cayó en la tentación de presentar nuevas propuestas o de prometer reformas profundas del sistema. Más bien al contrario, aprovechó su comparecencia para presionar a los partidos de la oposición para que le ayuden a sacar adelante los Presupuestos, ya que las medidas que propuso (una mejora de las pensiones mínimas y de viudedad en el 2018) las condicionó a un acuerdo sobre las cuentas del Estado, que actualmente no tiene ni mucho menos garantizado.
Más vivo estuvo el presidente al rechazar una subida de las prestaciones acorde a la del índice de precios al consumo (IPC) que permita a los jubilados no perder capacidad adquisitiva.
Para abordar positivamente el problema de las pensiones en nuestro país, consideramos que hay que armarse de valor y hacer que el sistema no dependa exclusivamente de las cotizaciones de los que están en activo. En caso contrario condenaremos a niveles muy próximos a la indigencia a un colectivo muy amplio de la población española.
Por ello, tras el estéril monográfico del Congreso de los Diputados del pasado miércoles, habrá que hacer un nuevo llamamiento para que entre todos, y de una vez por todas, se logre una solución satisfactoria a los pensionistas de hoy y para conseguir al propio tiempo, la sostenibilidad del sistema.
Que la aprobación de las cuentas públicas del Estado y el futuro de los pensionistas españoles puedan acabar dependiendo de la voluntad de Carles Puigdemont, fugado en Bélgica, ya nos indica que entre todos algo estamos haciendo muy mal.
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