Desamordázate
El próximo 27 de marzo se cumple el tercer aniversario de la aprobación de la actual Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como "Ley Mordaza", que Amnistía Internacional considera que limita de forma ilegítima, innecesaria y desproporcionada el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión e información. Esta ley afecta, entre otros colectivos y personas, a periodistas, activistas por el derecho a la vivienda y también a migrantes y solicitantes de asilo que son objeto de las llamadas "devoluciones en caliente" en las fronteras de Ceuta y Melilla.
Esta es una ley que, además, amplía los poderes y la discrecionalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana, sin establecer ningún mecanismo de control que impida posibles abusos.
Actualmente, se encuentran en proceso de tramitación legislativa dos propuestas de ley de reforma de la LOSC cuyos procesos podrían concluir en 2018. Para que esta Ley se modifique, los distintos grupos parlamentarios que se han mostrado favorables a reformarla deben ponerse de acuerdo en un texto único.
Amnistía Internacional calcula que tan sólo en 2016 podrían haberse impuesto alrededor de 34.000 sanciones por el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información.
Más de 12.000 sanciones de 2016 correspondieron a "la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación", que castiga el artículo 36.6 con sanciones de hasta 30.000 euros. Algunas de las sanciones se han impuesto en el contexto de manifestaciones o actos de protesta, en los que no ha habido ningún tipo de incidente violento o altercado, o en el ejercicio de la libertad de expresión, o por ejercer el derecho de información.
Por otra parte, en 2016 se impusieron casi 19.500 sanciones por "faltas de respeto o consideración cuyo destinatario fue un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad". Más allá de lo que pueda ser entendido como "una falta de respeto o consideración", lo cierto es que este precepto otorga una gran discrecionalidad a los funcionarios de policía, ya que la interpretación queda bajo su consideración. Sólo en 2016, las faltas de respeto a la autoridad han permitido establecer sanciones con un importe que supera los tres millones de euros.
Por otra parte, la LOSC ha conseguido amordazar a mucha más gente de la que ha multado. Muchas personas y colectivos han transmitido a Amnistía Internacional que actualmente es más complicado salir a la calle a protestar y reclamar derechos.
Además, la LOSC incorporó una disposición adicional para legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas "devoluciones en caliente" que Amnistía Internacional lleva denunciando desde 1995. A pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del pasado 3 de octubre, que determina que estas expulsiones son ilegales, se han seguido produciendo. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, sólo desde ese mes de octubre, al menos 40 personas habrían sido expulsadas de manera ilegal, corriendo el riesgo de ser sometidas a tortura y malos tratos, si bien este número podría llegar al menos hasta las 130 personas.
Amnistía Internacional se ha dirigido a los grupos parlamentarios para recordarles que es necesaria una ley que garantice que la ciudadanía accede a los recursos adecuados, efectivos y rápidos cuando se violen los derechos de reunión, expresión e información, y que incorpore mecanismos independientes y garantías efectivas de supervisión de la actividad policial para evitar el uso excesivo de la fuerza o actuaciones arbitrarias. Además, les ha pedido que se aseguren de que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley reciben la formación adecuada en materia de derechos humanos.
Estamos presenciando cómo cada vez más gente se rebela y reclama sus derechos. La gente ha dejado sobradamente claro que quiere que se respeten sus derechos humanos; ahora corresponde a los gobiernos mostrar que están escuchando.
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