Inclemencia de la Administración y más
Como presidenta de la Asociación Ictus de Piloña-AIPI, denuncio la inaceptable situación que afecta a los socios que han solicitado la tarjeta de estacionamiento de vehículos por presentar movilidad reducida en nuestro concejo. Tal como se recoge en el Real Decreto 1056/2014, que regula las condiciones de emisión y uso de dicha tarjeta, los poderes públicos tienen la tarea de remover los obstáculos que impidan la autonomía e independencia de las personas con discapacidad y facilitar su inclusión en la sociedad y la participación en la vida política, económica, cultural y social. Pues bien, para obtener la citada tarjeta se requiere tener reconocida la condición de persona con discapacidad. Hay socios que están esperando que se les llame para ser valorados desde hace 15 meses, sí han leído bien ¡15 meses!, a lo que habrá que añadir, a partir del momento en que sean entrevistados por el tribunal de valoración, los meses transcurridos hasta la emisión de la resolución. El citado Real Decreto recoge otra posibilidad de conseguir la tarjeta, esta “por razones humanitarias” y de carácter provisional, a través de la emisión de un certificado médico de los servicios públicos de salud que será validado por la inspección médica del Área Sanitaria VI (correspondiente a Piloña). Los socios que han recurrido a esta opción, a la espera de tener reconocida oficialmente la discapacidad y que presentan severas limitaciones de la capacidad ambulatoria, han visto como desde la inspección se les ha denegado dicha solicitud. Sabiendo que el ictus es la primera causa de discapacidad en las personas adultas, que quienes lo padecen tienen que afrontar barreras físicas, la mayor parte insalvables de forma autónoma y que necesitan ayuda de otra persona y/o de dispositivos para acceder a centros de servicios (centros sanitarios, supermercados, espacios culturales, etc.), es inadmisible que no se allanen y posibiliten los trámites administrativos que faciliten la vida de estas personas y de sus familiares.
Al sufrimiento que conlleva la pérdida de calidad de vida de los afectados, vemos añadida la insensibilidad de una Administración para la que los tiempos de espera no parecer ser más que días a contabilizar en el calendario, y actitudes profesionales que casan mal con las razones humanitarias.
Ana Felicidad Cortina Estrada, presidenta de la Asociación Ictus de Piloña, Infiesto
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