Las pensiones según el IPC, pero también su blindaje
Como afiliado a la Unión Sindical Obrera (USO) considero positivo que el Gobierno haya decidido ligar la subida de las pensiones al IPC para este año y el próximo y retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2023. Consideramos que esta rectificación en cuanto a la postura del Gobierno con respecto a la revalorización de las pensiones, que se incrementarán un 1,6% en 2018 y según el IPC en 2019, es bienvenida, pero consideramos que sigue siendo necesario que las pensiones se blinden en la Constitución. Así, la prohibición de su privatización será un mandato constitucional inexcusable para los poderes públicos y se mantendrá un poder adquisitivo real de los pensionistas.
Hay que ser críticos con la ley 27/2011 del 1 de agosto sobre actualización y modernización del sistema de la Seguridad Social, que entró en vigor en 2013 y que salió adelante con el respaldo de CC OO y UGT, elevando la edad de jubilación a los 67 años e introduciendo las claves de la modificación de la revalorización de las pensiones, que permiten que cada año suba el ridículo 0,25% que hemos estado viendo.
Por ello, mi sindicato donde estoy afiliado lleva tres años presentando propuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, defendiendo que la edad legal de jubilación se mantenga en 65 años; fomentando la ampliación voluntaria de la vida laboral, jubilaciones parciales y retraso voluntario de esa edad en el caso de algunas profesiones que lo permitan, así como el mantenimiento del contrato relevo para las jubilaciones anticipadas desde los 61 años, que permita crear empleo real.
El acuerdo Gobierno y PNV es un parche con la sostenibilidad, como es el tema del retraso de cuatro años hasta 2023 con la aplicación de sostenibilidad, el de las viudas que se aumenta hasta el 56% y el 60% en 2019, la base reguladora de las pensiones de viudedad.
Este parche del Gobierno no soluciona nada. El verdadero problema sigue estando ahí, es prescindible derogar la ley de 2011 y la ley de 2013 que establece el factor de sostenibilidad, un mazazo más para los nuevos pensionistas y el índice de revalorización de las pensiones, una fórmula para incrementar las pensiones que nos condena al 0,25% a partir de 2020.
Las pensiones de viudedad, que ya conocemos que según lo aprobado en 2011 deberían estar en 2018 en un 59% de la base reguladora, se actualizan sólo hasta el 56% en 2019, según el acuerdo Gobierno-PNV estará en el 60%, esto ya se preveía en 2011. Las viudas y viudos van a recuperar lo perdido estos años por la congelación al 52% del Gobierno en los últimos 5 años.
En todas las movilizaciones y recogidas de firmas hechas por los jubilados y pensionistas en todo el territorio español han aparecido los intereses partidistas de los mal llamados políticos españoles, ahora aparece dinero cuando decían que no lo había; para salvar la banca y las autopistas, sí. Los pensionistas sólo tienen la fuerza de las movilizaciones y el voto en las elecciones al Gobierno.
No podemos dejar de seguir en nuestra lucha, porque de ella depende que se derogue el factor de sostenibilidad de las pensiones y no se aplace cuatro años, así como la actualización según el IPC de todas las pensiones y también que se devuelva todo lo perdido desde 2011 al momento actual; como recordar al Gobierno que somos tan europeos como el resto, y la Carta Social Europea dice muy claro cuánto tiene que ser la pensión mínima que establece 1.800 euros.
Por una pensión digna y suficiente y la reforma integral del sistema de la Seguridad Social que va ligada a una reforma laboral y otra fiscal imprescindible para que nuestro sistema sea sostenible a largo plazo.
Ángel Suárez Iglesias
Debe rellenar todos los datos obligatorios solicitados en el formulario. Las cartas deberán tener una extensión equivalente a un folio a doble espacio y podrán ser publicadas tanto en la edición impresa como en la digital.
Las cartas a esta sección deberán remitirse mecanografiadas, con una extensión aconsejada de un folio a doble espacio y acompañadas de nombre y apellidos, dirección, fotocopia del DNI y número de teléfono de la persona o personas que la firman a la siguiente dirección:
Calvo Sotelo, 7, 33007 Oviedo