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Libertad y dinero para pagarla

15 de Junio del 2018 - Faustino Álvarez Pérez-Manso (Oviedo)

Cuando se vive en democracia, y más en estos tiempos (los más actuales que podemos tener sin lugar a discusión), se persiguen siempre la libertad y el respeto a los derechos, tanto humanos como de cualquier otra especie. Todo ello por el nivel de comodidad, tecnología, avances médicos y científicos que tenemos en esta sociedad de bienestar, antes imposible de imaginar.

La cuestión surge cuando no sólo hay que respetar esa libertad, sino cuando se exige de los poderes públicos que actúen para que sea efectiva. En todos los sentidos.

Por “poder público” creo que debemos sobreentender “Estado”. Así el Estado debe promulgar leyes, a través del Parlamento, para que se proteja el ejercicio de tales libertades, se provea a los ciudadanos de medios para ello, se les ayude económicamente a sustentarse, a comer, a tener dignidad, a poder expresarse en su lengua, a ser independientes, a tener derechos de defensa cuando somos detenidos por cualquier causa, etcétera.

Para ello, debemos tener un “Estado”, una organización que procure tales ventajas. Si no, la libertad deriva en anarquía. Hasta ahí no parece que pueda surgir mucha discrepancia de opiniones, incluso aunque lo lea un antisistema (que necesita de un mínimo orden para poder expresarse).

Primer escollo: la existencia del Estado. Un poder por encima de los particulares. Y someterse a él.

Un Estado necesita de dos pilares básicos para existir y realizar las anteriores funciones: medios para procurar cumplir sus funciones y el “monopolio de la violencia” (Policía y Ejército). Suena fuerte, pero es la esencia del Estado moderno. Si no hay monopolio de la violencia, volveríamos a la época feudal, donde cada señor tenía su ejército y dependiendo de su potencia, dominaba más o menos un territorio.

Los medios son, básicamente, las leyes para que los ciudadanos no invadan la esfera de los demás, y el dinero en cualquiera de sus maneras.

A través de las leyes y del monopolio de la violencia, el Estado asegura los cauces para poder disfrutar de la libertad. Si algún ciudadano incumple la ley, el Estado actúa coercitivamente sobre él para que no siga infringiéndola y proteger el bien común por encima del egoísmo propio.

Y, en cuanto al segundo medio, para obtener dinero los estados se valen de los impuestos.

Los impuestos los pagan los contribuyentes. Y ésos son, en nuestro caso, las empresas, los trabajadores por cuenta ajena, los funcionarios y los autónomos. Y los que se ocurran para completar. Los funcionarios revierten el dinero que el resto de los contribuyentes dan, porque su salario procede de los propios impuestos. Los trabajadores por cuenta ajena tienen su impuesto abonado por las empresas, porque los convenios y normas laborales protegen el salario neto, de una forma u otra. ¿Quién queda? Los autónomos, que son quienes sostienen la “res pública” en este nuestro país. La famosa clase media de Mazarino, que sostiene y siempre sostendrá al Estado, se le pida lo que se le pida.

Ya tenemos la financiación para el Estado, y que éste sea garante de las libertades de los ciudadanos.

Ahora, ¿qué libertad se puede defender? Hasta la libertad del otro. Y ésta, a su vez, hasta la libertad del primero.

¿Cuál es el núcleo de esa libertad vista ya desde un punto más intervencionista del Estado social? La mínima es acceder a la educación, a la sanidad y demás cuestiones básicas que nos permita la economía (vivienda, trabajo digno, salario digno...) A partir de ahí, todo es superfluo. No es deber del Estado sufragarlo.

Por tanto, si alguien tiene la necesidad de viajar, debe procurar pagárselo. O ir andando, si tiene tiempo. Si quiere construir un palacio, tendrá que buscar el terreno, y pagar a un constructor o construirlo él mismo, si se lo permiten. Si quiere tener un deportivo fabuloso, tendrá que abonar su precio. Lógico.

Pues lo mismo, quien quiera tener su lengua propia, que se lo pague. Quien quiera que se atiendan primero a los que no tienen medios antes que a los que los pagan, que se lo pague. Quien quiera ser independiente, que se lo pague. Quien quiera ser de otro sexo, que se lo pague. Pero no con el dinero de los demás.

Y eso no es atacar la libertad. La libertad es que, si puedes permitírtelo, el Estado te deje hacerlo y te proteja para que lo hagas, incluso.

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