Estandarización lingüística
Negar que el bable es la lengua vernácula identitaria de Asturias es tan absurdo como no reconocer que el gaélico es la lengua identitaria de Irlanda, el hebreo de Israel o el castellano de los hispanos norteamericanos, aunque también utilicen el inglés.
La diversidad de acentos, la multiplicidad de variantes, la incorporación de palabras de otras lenguas, lejos de ser un óbice, constituyen un valor añadido que enriquece y dinamiza a los idiomas, incluidos el castellano y el asturiano.
En el siglo XV Antonio de Nebrija inventó una gramática castellana con el fin de reglamentar y uniformar dicha lengua: “Como se hizo con la lengua griega y la latina, las cuales, aunque pasaron muchos siglos, aún quedan en una uniformidad”.
En agosto de 1492, poco después de la conquista de Granada y mientras Colón navegaba en busca de Las Indias, se imprimió la primera gramática castellana, que, adoptada por los Reyes Católicos, se impuso a los súbditos en todos los territorios peninsulares, insulares y ultramarinos de la Corona.
Fuera de Castilla la lengua castellana no se comenzó a hablar por generación espontánea, sino por su imposición en la Administración y en la enseñanza. Este hecho convirtió la lengua castellana en un poderoso instrumento político del nuevo nacionalismo lingüístico al servicio de los intereses de la Corona.
En el siglo XVIII Felipe V creó la Real Academia de la Lengua, cuya institución fija, limpia y da esplendor al idioma castellano y vela por su estandarización.
Carlos III promulgó una pragmática sanción que obligaba a utilizar el castellano en la enseñanza.
El día 21 de noviembre de 1902, fecha en la que cumplía su mayoría de edad y se responsabilizaba de la Corona, Alfonso XIII firmó un decreto en estos términos: “Los maestros y maestras que enseñen a los alumnos la doctrina cristiana u otra materia cualquiera en un idioma o dialecto que no sea la lengua castellana serán advertidos por primera vez con amonestación por parte del inspector de primera enseñanza que dará cuenta al ministerio del ramo, y si reincidieren después de haber sufrido una amonestación serán separados del magisterio oficial perdiendo cuantos derechos les concede la ley”.
Las lenguas minoritarias españolas con estos hechos quedaban marginadas y reducidas a la más absoluta precariedad hasta su desaparición al ser excluidas de la enseñanza.
Durante las dictaduras de Primo de Rivera y de Franco se impuso y aplicó con contundencia esta política lingüística: “El uso público de las lenguas minoritarias ha de acabarse, reduciéndolas al uso particular. Hay que implantar la lengua castellana hablada por tantos millones”, Primo de Rivera.
La oficialidad y la enseñanza de la lengua vernácula de Asturias no son una imposición, sino un derecho imprescindible para conocerla y preservarla.
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