Funcionarios y disciplina de partido

Con la crisis y la convulsión política de este país en los últimos años ha quedado claro hasta qué punto las administraciones públicas se encuentran sometidas e influenciadas por el poder político. La corrupción, el cabildeo, el caciquismo y la opacidad pervierten el servicio público en todos los niveles y entes públicos, desde ayuntamientos pasando por Gobierno regional hasta al propio Estado. Gobierno y Administración son cosas distintas, lo que viene a ser en otras palabras que gobierne quien gobierne la Administración permanece. No es un instrumento para perpetuarse en el poder, una extensión de ningún partido político o un nicho personal. Tras años de monopolio y de mayorías, algunos cargos políticos confunden la Administración de todos con su cortijo. Ser trabajador público se considera un privilegio en los tiempos de crisis, desigualdad, paro y precariedad que estamos padeciendo. Sin embargo, casi nunca se hace mención a la otra cara de la moneda, que es la responsabilidad que recae sobre estos trabajadores. Velar por el cumplimiento de la ley y por que el dinero público no se dilapide son responsabilidades que los funcionarios tienen que afrontar por obligación legal y ética profesional. Esta cara B y su independencia son fundamento del Estado de derecho y una sociedad justa. Simplificando, deben de rendir cuentas a los ciudadanos haciendo bien su trabajo. Su labor en el país de Quevedo, aunque esencial, es incomprendida y mal valorada. La politización de nuestras instituciones pone a prueba a aquellos funcionarios que tratan de llevar a cabo su trabajo honestamente contra viento y marea. Todo en un ambiente donde andan al acecho y prosperan trepas, sicofantas y diletantes más al servicio de cargos políticos que de los ciudadanos, convirtiendo a la Administración pública en una sucursal partidista que genera desconfianza, una pésima imagen y, por supuesto, disfuncionalidad. Las viejas prácticas del telefonazo, los “tirachaquetas” y aquello tan nuestro de que “ya hablaré yo con quien haga falta”... siguen vigentes más que nunca. En esta situación, los trabajadores públicos que denuncian las malas prácticas, irregularidades, cacicadas, etcétera, como es su obligación y por civismo, se exponen a que estos señores de la política actúen sectariamente o a ser ignorados. Servirse del reglamento disciplinario cuando y como a uno le conviene no es actuar bajo mandato legal, es vulnerar el principio de equidad y el más elemental sentido de la justicia. Es sencillamente actuar por la fuerza, discrecionalmente, movido por intereses personales, por pura soberbia o despecho. Dar visos de legalidad y fundamentación jurídica a un expediente disciplinario tratando de encajar conductas a situaciones claramente descontextualizadas en las que un funcionario no hace más que hacerse eco de hechos ciertos, admitidos, comprobados y públicos es una tomadura de pelo si no tuviese consecuencias tan serias. Más aun cuando lo que se manifiesta es refrendado por la propia Administración y ya judicialmente sin consecuencias para quien se acusa. Si esto fuese habitual, no pasaría un día en que, como en los tiempos de la Inquisición, no se cortase la lengua a alguien. Hay que recordar que no se falta el respeto a persona o colectivo alguno por decir que se producen situaciones de fraude que son públicas y notorias, o por defender una posición personal si esto no influye en el desempeño como funcionario. Pese a todo, se dan casos en que se insiste en esta inquisitorial actitud, lo que deja entrever motivos bien distintos al cumplimiento de la ley.

Ciertos sectores del mundo ganadero, cazadores, pescadores... por ciego corporativismo se muestran refractarios a cualquier crítica que cuestione a miembros del colectivo que dicen representar, siendo conscientes de que siempre hay garbanzos negros y no es oro todo lo que reluce. Esto sucede a todo colectivo al que uno pertenece. Algo que hace digna de respeto y necesaria la autocrítica. A nadie cercano a la Administración se le oculta que para nuestros responsables políticos es tabú cuestionar y criticar a ciertos sectores de nuestra sociedad que actúan en algunos casos como grupos de presión. Lógicamente, para estos señores de la política también es intolerable la crítica hacia estos sectores con fuerte peso electoral por más que sea justificada y legítima. Pesa más el cálculo electoral, la demagogia y la ambición personal a cualquier criterio. No sucede lo mismo cuando estos mismos señores y desde estos sectores se erigen en la medida de lo que es radical o moderado y se manifiestan con calificativos sobre otros colectivos como los ecologistas claramente merecedores de falta de respeto. Y se hace públicamente sin consecuencia o reproche alguno, como si éstos no fuesen también administrados. De ahí que muchos consideren que lo que aparenta ser un expediente disciplinario, en algunos casos no sea más que una operación de castigo para silenciar y ocultar la mala gestión y escarmentar a quien se atreva a cuestionarla. En mi opinión y la de muchos, es claramente lo que le sucede a Xurde Gayol, guarda de Medio Natural del Principado, a quien más que expedientar habría que agradecer su dedicación y empeño en combatir el fraude con el cobro de daños al ganado y evidenciar un grave problema que pese a la información disponible y lo que la investigación del UCOMA de la Guardia Civil había puesto de manifiesto, el Gobierno del Principado nunca había abordado con rigor por no ser políticamente incorrecto y ceder ante grupos de presión. Las manifestaciones de Xurde se pueden hacer desnudo, con camisa blanca a cuadros o como sea, menos de rayas, que es como le quieren vestir algunos. Retorcer el reglamento de los funcionarios es un síntoma claro de autoritarismo impropio de un Estado de derecho, donde la libertad de expresión es un derecho fundamental. Por eso, entre otros motivos, Xurde no está solo y tiene razón.