Algo huele a podrido

Las pensiones por incapacidad se disparan a máximos históricos y cuestan ya 900 millones al mes.

Según el último dato de las pensiones, publicado por el Ministerio de Empleo, la Seguridad Social está abonando un millón de pensiones contributivas por incapacidad permanente, un 1 por ciento anual, lo que supone su mayor tasa desde 2010. Esto significa que cada mes, se aprueban unas 1.500 pensiones nuevas, lo que eleva la carga de gasto que tienen que financiar la Seguridad Social.

En julio del año pasado la Seguridad Social se gastó 889 millones de euros en la paga ordinaria de la pensión de incapacidad permanente, también un máximo histórico. Este año ha tenido que pedir un préstamo extraordinario para afrontar el pago de la extra.

Un alto porcentaje de las jubilaciones por enfermedad se obtienen fraudulentamente, pues más del 40 por ciento están muy sanos para dedicarse a otras actividades. Jubilaciones sospechosamente obtenidas, con informes de médicos privados y clínicas particulares, con pruebas de imagen en la que no se garantiza que han sido sustituido por un lisiado, con abogado especializados en lograr jubilaciones de quienes luego recuperan milagrosamente la salud, como en la película “Algo pasa con Mary”, y son todo actividad, especialmente en la economía sumergida. Si se hiciese una revisión por tribunales médicos ecuánimes e independientes, se demostraría el fraude, la mayor trama de corrupción que nos cuesta miles de millones de euros.

Hay 8.00.000 bajas laborales diarias en España. La baja temporal la abona la Administración central a través de los Presupuestos Generales del Estado. Esta partida está creciendo rápidamente en los últimos años, como resultado del absentismo laboral.

En los PGE de 2017, el Gobierno elevó la partida presupuestaria destinada a la incapacidad temporal en 1.600 millones de euros. Este avance supone un incremento de casi el 30 por ciento respecto a los Presupuestos del ejercicio anterior, lo que refleja hasta qué punto está creciendo el coste de las bajas laborales. La partida presupuestaria destinada a cubrir las bajas laborales se ha disparado un 43 por ciento desde 2012, hasta los 7.000 millones de euros.

Los sectores con más absentismo laboral son la Administración y el sector primario, este último es el que concentra el mayor porcentaje de economía sumergida y fraude laboral –quienes están de baja y están trabajando–. Se prevé que el absentismo laboral en la Administración aumente aún más al percibir el sueldo íntegro mientras están de IT.

Las principales patologías causantes de las IT son las de columna lumbar, psiquiátricas y gripes. En cuando a los días de la semana en que se producen, la mayor parte se concentran en los lunes, con un 28 por ciento y los martes, con un 20 por ciento. El 60 por ciento de las IT son protagonizadas por los mismos, cuya vida laboral es una continua sucesión de IT por diversos motivos, o por el mismo o similar tras esperar a que pase el plazo tras agotar el máximo tiempo de IT. Buena parte de los que están de IT están trabajando en la economía sumergida, o en el mismo sector caso de los autónomos de la agraria. Alrededor del 60 por ciento de las IT tienen una duración estimada de treinta días, sin embargo, gran parte se alargan hasta el máximo, que es cuando el INSS, por cumplir un año, toma cartas en el asunto

La espera para consultas de especialista aumentó en los últimos años debido a la alta demanda de quienes buscan jubilarse por enfermedad y de los que quieren pasarse la vida de IT. Las especialidades más demandadas son Salud Mental, Traumatología, Neurología y prueba del sueño.

El caso del sujeto de Alicante que se pasó catorce años de IT, alternando bajas con vacaciones, cuando el INSS lo consideraba apto para trabajar, no es un caso aislado, es la punta del iceberg de la metástasis corrupta que se ha extendido, pues son múltiples los casos en los que INSS considera apto para trabajar y los médicos les prorrogan la baja, así como de los que se tiran meses de baja cuando el tipo de baja se consideraba de un mes, así como los que su vida laboral es una continua sucesión de bajas por diversos motivos. Hay algo que no cuadra y que huele a podrido, lo que demostrarla que la mayor trama de corrupción involucraría a médicos, jueces y abogados, sin cuya colaboración necesaria sería imposible que hubiese fraude laboral.

El 90 por ciento de la economía sumergida que se desarrolla en España se concentra en cuatro sectores: agricultura-ganadería, empleo doméstico, rehabilitación de viviendas (albañilería), reforma de viviendas (fontanería, parquet, pintura), hostelería. En Asturias, el 70 por ciento de la economía sumergida se desarrolla en la ganadería. Las CC AA con mayor economía sumergida son Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha, Canarias y Asturias; siendo las regiones que menos han crecido en las dos últimas décadas y las que concentran mayor número de parados, bajas laborales, jubilaciones por enfermedad y las que perciben más subvenciones. Asturias y Extremadura lideran las regiones con el mayor porcentaje de economía sumergida, lo que las sitúa entre las que tienen el menor crecimiento económico de España y que más autónomos han perdido, por la competencia desleal. Asturias y Andalucía encabezan las regiones con más fraude laboral. En Andalucía circula el chiste de que los jubilados del astillero de Cádiz son los sordos con mejor oído de toda España, pues todos ellos se jubilaron por enfermedad de “sordera”. Y Asturias es una tierra milagrosa por el gran número de jubilados por enfermedad que están muy sanos para correr detrás de caballos y vacas, o subirse por los andamios, al dedicarse a la ganadería, o a la rehabilitación y reforma de viviendas.

Un alto porcentaje de los perceptores del salario social se dedican a la economía sumergida. Hay un gran fraude alrededor de la ayuda al alquiler, al estar viviendo en casa de un familiar y realquilar la vivienda.

A la vista de lo anterior cabe preguntarse para qué sirven los Inspectores de Hacienda y Trabajo. Si lo tienen muy fácil, basta con investigar a los habituales de las IT; basta con investigar los cuatro sectores que concentran la economía sumergida en España.

¿Y la Fiscalía, para qué sirve? ¿Por qué no abre una investigación para dilucidar por qué hay zonas con elevadas IT y jubilaciones por enfermedad? ¿Y el fraude en la percepción del salario social y ayuda al alquiler? ¿Y en los accidentes de tráfico –por alcance, en rotondas–? ¿Por qué no pone la lupa sobre médicos, jueces y abogados, cómplices necesarios sin los cuales no podrían pasarse de la vida de IT, jubilarse por enfermedad y obtener el 100 por ciento? ¿Por qué no actúa contra la economía sumergida, causa fundamental del alto índice de paro que hay en España, y que en el caso de la ganadería provoca además miles de muertos por resistencia a los antibióticos y cáncer por las hormonas?

Ahí está el caso de Asturias, la CCAA con más IT y jubilaciones por enfermedad, la que tiene más economía sumergida, la que más ha malgastado las subvenciones de la UE, economía sumergida en la ganadería que provoca miles de muertos por resistencia a los antibióticos y cáncer, la que tiene más incendios forestales y furtivismo ¿Qué hace el fiscal de Asturias, ese mantenido con el dinero del contribuyente?

Este es el podrido Sistema imperante, que ampara a vagos y maleantes, por culpa de los cuales hay paro, explotación, reformas laborales y privatizaciones. Por ello hay que llamar a quienes nos ayuden a solucionar el problema.

José María Álvarez Álvarez

Trubia, Oviedo