Cambia el gobierno, no el terror
Colombia padece la continuidad del exterminio sistemático e impune de la dirigencia social que sobrevivió a la guerra con las FARC. La violencia se ha concentrado contra la dirigencia social a pesar del gigantesco gasto militar, tal vez por eso. La Defensoría del Pueblo registró 311 dirigentes sociales asesinados en los últimos 18 meses, más de 110 en el primer semestre del presente año. La ONU afirmó en marzo que estaba "extremadamente preocupada por el aumento de asesinatos de defensores de los derechos humanos, incluyendo a líderes sociales y comunitarios...". El Procurador General afirmó que en los ataques hay comprometidos agentes de la policía y miembros del ejército nacional junto con grupos paramilitares y ordenó investigar a fondo.
¿Por qué nos asesinan? ¿Quién se beneficia del terror impune? Estos son crímenes sistemáticos, planificados. Pretenden eliminar a la dirigencia social y política que se opone a la continuidad de la guerra y a los proyectos de inversión agroindustrial y minero-energética por su nocivo impacto social y ambiental: petroleras, carboneras, auríferas, hidroeléctricas, bananeras, palmeras, etc. Eso lo constató en marzo la decimocuarta delegación asturiana de verificación del estado de los derechos humanos en Colombia. Del genocidio en curso se benefician las empresas multinacionales y el empresariado criollo ligado a la agroindustria y muchos al narcotráfico, como los que metieron 9.000 kilos de cocaína por el puerto de Algeciras camuflada en cajas de banano.
El trabajo sucio de asesinar lo ejecutan los grupos narco-paramilitares que operan con diversos nombres y controlan cada día más territorios, realidad que el gobierno oculta situando el debate en el nombre de estas organizaciones criminales.
Galgos o podencos, los paramilitares y la fuerza pública coordinan las acciones para asesinar y silenciar a la dirigencia y a las organizaciones sociales que exigen equidad y justicia social.
El delfín del expresidente Alvaro Uribe Vélez, Iván Duque, que toma posesión del cargo de presidente este 7 de agosto, visitó España para hablar de negocios. Diversas organizaciones sociales asturianas nos están acompañando actos de solidaridad para que se detenga el exterminio de la dirigencia social colombiana, para exigir el desmonte del paramilitarismo y garantías para la vida de quienes defienden los Derechos Humanos.
Es necesario detener el nuevo ciclo de violencia que por decisión de las élites ya comenzó en nuestro país.
Javier Orozco Peñaranda, colectivo de colombianos/as refugiados/as en Asturias "Luciano Romero Molina"
Gijón
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