Derechos del campesinado

Para garantizar la soberanía alimentaria, una declaración de los derechos campesinos se está gestando en la ONU y se votará en septiembre.

En el ámbito del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se consolida el proceso hacia una "Declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en el medio rural", que apunta a lograr una declaración en Naciones Unidas y construir una Convención Internacional de los Derechos Campesinos, para ampliar y jerarquizar derechos existentes y consolidar nuevos derechos.

En 2012, el gobierno de Bolivia se hizo portavoz de las demandas de la Vía Campesina y presentó el "Proyecto de declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales" logrando una resolución que dio inicio a un proceso formal .

En 2014, una nueva resolución del Consejo de DDHH, patrocinada por 11 gobiernos, entre ellos Bolivia, Cuba, Ecuador, Argentina, Filipinas, Sudáfrica, ratificó la necesidad de esta declaración. En febrero de 2015, el grupo de trabajo presentó un nuevo proyecto, cuyo preámbulo establece: "Reconociendo la contribución pasada, presente y futura de los campesinos para la conservación y mejora de la biodiversidad y para asegurar la soberanía alimentaria, fundamentales para el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente (...). Reconociendo que, con el fin de garantizar la soberanía alimentaria de los pueblos, es fundamental respetar, proteger y promover los derechos reconocidos en esta Declaración (...)".

El director de la FAO también avaló la necesidad de una declaración de los derechos campesinos explicando el rol estratégico de la agricultura campesina en la lucha contra el hambre.

Se fueron sumando aliados importantes como la UITA (Unión Internacional de Trabajadores Agrícolas), CITI (Consejo Internacional de Tratados Indios), WAMIP (La Alianza mundial de pueblos indígenas nómadas), WFFP (Foro Mundial de Pueblos Pescadores), FIMARC (Federación Internacional de Adultos Rurales Católicos), junto a ONGs como FIAN, CETIM, CELS, que acompañan el proceso. De esta manera ya no es solo una propuesta de la Vía Campesina, sino una demanda de un gran arco de organizaciones populares de productores de alimentos.

Si bien hay resistencia de quienes defienden los intereses de las corporaciones empresariales, el proceso cuenta con el apoyo del Grupo América Latina y el Caribe (GRULAC) y del G77 más China (134 países).

Después de 15 largos años de negociaciones en Ginebra, actualmente está a punto de finalizarse el debate. En la sesión de septiembre de 2018 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, los países votarán la adopción del texto. Tras lo cual se presentará para su votación final y su adopción en la Asamblea General de la ONU.

Más de 1.200 millones de campesinos y sus familias, que representan un tercio de la población mundial, se enfrentan a una violación sistemática de sus derechos bajo diferentes formas: desalojo de sus tierras y territorios, políticas de producción y de mercado desfavorables, malas condiciones de trabajo, así como criminalización y asesinatos constantes, entre otros. Esta es una situación muy inquietante, si tenemos en cuenta que los campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales son la llave para alcanzar la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, hacer realidad el derecho a la alimentación saludable, luchar contra el cambio climático, conservar la biodiversidad y revitalizar las zonas rurales.

La Declaración establecerá un nuevo estándar para los derechos humanos. La misma promueve la soberanía alimentaria y apoya el desarrollo y la implementación de políticas socioeconómicas que mejorarán el sistema alimentario y agrícola, como resultado allanará el camino para la creación de políticas públicas a favor de los campesinos y los trabajadores rurales en países donde tales políticas no existen. La Declaración de la ONU se convertirá en una herramienta política para mejorar aún más las políticas existentes y dar una voz internacional a millones de comunidades campesinas y trabajadores rurales.

España hace parte del Consejo de DDHH y ostenta una de sus vicepresidencias. Junto a la UE su posición ha ido variando, desde el rechazo inicial a la abstención, y ahora se precisa un esfuerzo mayor para asumir las demandas y construcciones que esta herramienta supondría para la justicia global, la preservación de nuestra población rural, de los conocimientos ancestrales, de las prácticas agroecológicas, de un modo de vida campesino basado en la dignidad.

Millones de personas de la UE que viven y trabajan en las zonas rurales, necesitan que sus gobiernos representen sus derechos y apoyen de manera constructiva la adopción y la implementación de esta Declaración. Por lo tanto, es fundamental que los estados reafirmen su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos antes de que las corporaciones, las instituciones financieras y otros intereses privados no acaben por completo con su gobernanza y soberanía.

El mundo necesita esta declaración para promover la implementación de sistemas alimentarios sostenibles, y por ende, cultivar la armonía y solidaridad en el mundo. El campesinado es crucial para la seguridad alimentaria, la lucha contra el cambio climático y la conservación de la biodiversidad.

Javier Arjona

Pola de Siero