Consulta popular anti-corrupción en Colombia
El 26 de agosto tuvo lugar una consulta popular en Colombia, impulsada inicialmente por Alianza Verde.
El umbral eran 12 millones y votaron 11.671.420. (Duque ganó la Presidencia con 10 millones de votos).
La consulta no alcanzó el umbral para dotar de legalidad sus siete preceptos, que si obtuvieron 99% de respaldo.
Sin embargo, se convierte en un mandato ciudadano con legitimidad para avanzar en la lucha contra la corrupción, que hoy tiene cooptada la política.
La consulta anticorrupción fue la primera consulta popular que se realizó con carácter nacional de acuerdo a los mecanismos de participación ciudadana que emergieron después de la Constitución del 91.
La consulta se mostró desde un principio en contra de los "políticos" y de sus estructuras a nivel nacional, regional y local. Era natural que los agentes de esta descomposición no movieran sus maquinarias para legalizar por la vía electoral una serie de mandatos que iban en contra de sus privilegios. No se vieron las prebendas, los transportes, el pago a cambio del voto y todo lo que los partidos tradicionales hacen para llevar a las urnas a la ciudadanía. Toda la votación obtenida en la consulta fue honesta y consciente.
El primer ganador es la gente.
Pierden las clases dominantes tradicionales, que han hecho de la política un negocio particular y descompuesto.
Entre ellas las que representa Uribe, que mandó no participar en la consulta.
Fue una jornada electoral en paz y limpia: en la votación de la consulta anticorrupción no hubo hechos violentos, no hubo una sola denuncia de compra o trasteo de votos, ni de fraude electoral. Nada que ver con las demás citas electorales; por ejemplo, la legislativa de marzo en la que participó como observadora una delegación asturiana de 12 componentes y registró numerosas anomalías.
Se considera que la victoria y la ganancia es total porque los corruptos están sintiendo hoy el rechazo de una sociedad que los quiere desterrar.
Consultas populares se han realizado también, con matriz municipal, en muchos lugares colombianos en los que la población traslada su rechazo a proyectos extractivistas.
Cumaral, Cabrera, Cajamarca, El Paujil, Marmato, Arbeláez… hasta 21 municipios se pronuncian por razones ambientales contra proyectos minero-energéticos impuestos sin su consentimiento.
Por impulsar esta participación ciudadana se encuentra protegido en Asturias un activista social amenazado de muerte.
Javier Arjona
Pola de Siero
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