Apoyo a los vigilantes de seguridad privada
El Frente Nacional apoya las reivindicaciones que vienen realizando los vigilantes de seguridad privada desde hace ya varios meses, a partir de la inseguridad que genera en el sector el permanecer durante más de un año sin un convenio colectivo en vigor.
El pasado 2 de marzo se celebró una manifestación en Madrid, donde varios vigilantes de seguridad afiliados al Frente Nacional, de la propia capital y venidos de otras provincias como Asturias, han puesto de manifiesto la incapacidad de los sindicatos tradicionales para solucionar los problemas del sector.
La seguridad privada alcanza a más de 100.000 trabajadores españoles y además de encontrarse sin convenio colectivo, trabaja en unas condiciones laborales difíciles y con unas retribuciones escasas a tenor de la responsabilidad que los vigilantes día a día vienen asumiendo; con necesidades crecientes de formación y de reciclaje profesional no satisfechas; con problemas de intrusismo; entre otros.
Asimismo, las lacras que asolan a la sociedad española se reproducen incrementadas en el sector de la seguridad privada: la inseguridad ciudadana; los problemas que causa la población inmigrante en España; la impotencia que produce a los propios vigilantes la actual legislación nacional, en exceso garante con los delincuentes y tan poco protectora con sus víctimas; la incomprensión judicial en muchas ocasiones; y desde luego la crisis galopante que padecemos los españoles ante la pasividad e incompetencia de la clase política tradicional.
El Frente Nacional, al igual que viene denunciando los graves problemas que padecemos los españoles y la incompetencia de los políticos de la izquierda y de la derecha para su solución, hoy quiere denunciar la ineficiencia sindical en la solución de los problemas de la seguridad privada en España.
La convocatoria de la comisión negociadora de un nuevo convenio colectivo del sector para los próximos días puede ser sólo una forma de maquillaje más, posiblemente sindical, y no la solución para mejorar las condiciones laborales de 100.000 españoles que trabajan en la seguridad privada.
Cuando la crisis aprieta, cuando los españoles tenemos cada vez menos derechos en nuestra Patria, cuando crece la inseguridad ciudadana, no es justo que paguen siempre los mismos: los trabajadores de a pie.
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