La caza y los agricultores
En el diario LA NUEVA ESPAÑA de 23 de febrero del año en curso se recogen unas manifestaciones de don José Manuel Rancaño Flórez, presidente de la Asociación de Empresas Cinegéticas del Principado de Asturias, en las que dice que «los que están hundiendo económicamente a las asociaciones asturianas de cazadores de Asturias son una minoría de agricultores, que utilizan la picaresca». Y, a su decir, unos «cazasubvenciones profesionales», en los que un número importante de jubilados, prejubilados y otras personas obtienen un enriquecimiento ilícito consistente en sembrar «maíz y fabes, plantando frutales en lugares inadecuados para que los animales los coman y así tener otra fuente de ingresos que, en la mayoría de los casos, no lo valen». Semejante afirmación, si no se toma por lo jocoso, es un verdadero sarcasmo. Es la nueva versión de que el lobo resulta ser el bueno en el cuento de la perversa Caperucita.
Hay muchos agricultores, jubilados y no jubilados que con su esfuerzo y sacrificio económico están tratando de conservar y mantener limpias sus fincas realizando en ellas siembras y plantaciones. Y cuando menos lo esperan se encuentran con que su trabajo ha sido arrasado por animales salvajes, principalmente corzos y jabalíes, sin que con la indemnización que por ello perciben queden debidamente resarcidos de los daños y perjuicios ocasionados. Si en una pomarada, que lleve algunos años plantada, los referidos animales rompen los árboles, como ocurre frecuentemente, la compensación que se recibe consiste sólo en el coste de los plantones, pero no se tiene en cuenta el trabajo ni lo que supone que la pomarada quede desigualada ni tampoco el retraso en la producción. Las siembras y plantaciones a las que se alude exigen un esfuerzo nada fácil. Y la figura del pícaro no se caracteriza precisamente por ser muy trabajador.
Por otra parte, el mismo señor Rancaño reconoce en sus declaraciones que se trata de una «minoría de agricultores», por lo que no cabe decir que sean ellos los causantes de la ruina económica de las sociedades asturianas de cazadores. En todo caso, a quienes tengan a su cargo la obligación de pagar las indemnizaciones les incumbe el adecuado control y la adopción de las medidas oportunas para eliminar la supuesta picaresca en cualquier lugar en que ésta se encuentre. También puede existir culpa por falta de vigilancia.
Lo que no se entiende muy bien es la pretensión del señor Rancaño de que los agricultores realicen la plantación de frutales en lugares adecuados, pues muchos de los daños que los animales salvajes vienen ocasionando se producen frecuentemente en fincas próximas o lindantes a las casas y también en las plantas ornamentales de los jardines, a los que acuden con toda tranquilidad.
Nada tenemos contra la caza, pero existe o debe existir un orden de prioridades. Compartimos el criterio establecido en una sentencia pronunciada, hace algunos años, por un Juzgado de Asturias en el sentido de que «primero el hombre y su hacienda y después el oso».
Y para terminar, una última observación: ya que los ganaderos tienen que cuidar de sus ganados, no estaría de más que los cazadores se cuiden también de no romper las cercas y de no dejar abiertas las portillas de las fincas por las que pasan, como en ocasiones hacen algunos despreocupados, y que quienes disfruten del deporte de la caza «llenden» los corzos y los jabalíes, pues tal como proliferan parece que no cazan uno...
Modesto Tuero Sánchez, Villaviciosa
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