La polémica en torno al salario mínimo
Resulta un tanto cínico e hipócrita alarmar de los costes sociales que puede suponer subir el salario mínimo a 900 euros, a todas luces insuficiente para vivir con dignidad, tal y como dice el artículo 35 de nuestra Constitución cuando recoge en su apartado 1 la referencia a “una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de sus familiares”.
Cínico e hipócrita porque mientras PP, Cs y patronal ponen el grito en el cielo por lo que consideran una subida “desproporcionada” no se les conoce una sola queja acerca de las millonarias ayudas a la banca o al rescate de las autopistas en volúmenes de más de 60.000 millones y 2.000 millones, respectivamente, y que hemos pagado todos los españoles con nuestros impuestos. Tampoco hay una referencia a los sobrecostes de las obras públicas, al fraude fiscal o a las cuentas en paraísos fiscales.
Qué decir de los salarios de banqueros y altos ejecutivos. En el primer caso, mientras se ha despedido a más de 95.000 profesionales, Ana Botín cobró, en 2017, 10,6 millones de euros. Y 23 banqueros cobran 227 millones en pensiones; 102 altos ejecutivos cobran entre 1 y 2 millones de euros; 27, entre 2 y 3; 10, entre 3 y 4, y 3, entre 5 y 6 millones.
La CEOE se revuelve con advertencias de que la subida a 900 euros el salario mínimo “podría disparar la precariedad laboral”.
Ciudadanos, que en campaña proponía aumentos incluso mayores, ahora lo ve como “un grave perjuicio para la economía”.
Para el señor Casado, la subida del salario mínimo provocará “colas en las empresas”. Todo esto mientras se embolsa 200.000 brutos al año con un supuesto máster fraudulento.
Si los convenios colectivos tienen cada vez menos presencia en las grandes corporaciones, y reconocemos que la precariedad trajo consigo una pérdida seria del poder adquisitivo de los y las trabajadores/as, justo es reconocer una revisión al alza en un momento de recuperación económica.
Las empresas cuando hacen una oferta de trabajo tienen que considerar un salario acorde con el artículo 35 de nuestra Constitución. Estos costes junto con los que derivan de la contratación −vacaciones, pagas extraordinarias, bajas laborales, etcétera− más los impuestos correspondientes y beneficios empresariales serán los que se tengan que aplicar al coste final de la producción.
Un Gobierno valiente tiene que tener en su haber la recuperación de los derechos sociales y laborales perdidos y, entre ellos, la regulación de los salarios para hacerlos más justos y equitativos.
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