El salario social
Las últimas noticias publicadas sobre el Salario Social en Asturias son alarmantes: un gasto anual de 130 millones, lo que supone más de 11 millones de euros mensuales.
En 2005, cuando se estableció esta prestación, los estudios realizados para su implantación barajaban la cifra de 4.000 personas; en 2018, la cifra asciende a 22.500 familias y el número sigue creciendo. Sin embargo, la población activa en Asturias ha disminuido y las personas en paro también.
Una de cada cinco personas en Asturias es beneficiaria del Salario Social. Es una realidad que hay gente que lo está pasando mal y que las prestaciones sociales les ayudan a tener una vida más digna.
También es una realidad que hay gente que aprovecha su situación de poca transparencia económica, social y laboral para seguir defraudando a la sociedad, moviéndose en la economía sumergida, e incluso, cobrando un Salario Social que no les corresponde.
Esta realidad ha creado una clase social con tarifa plana de derechos, sin deberes ni sacrificios, que tenemos que combatir y denunciar entre todos.
Algunos políticos piensan, incluso se atreven a decir, que el dinero público no tiene dueño. Pero la realidad es que pertenece a los españoles, y no se puede robar ni malgastar. Tan importante es regular las ayudas sociales como establecer los mecanismos que eviten el fraude y perseguirlo.
El defraudador pillado tiene que devolver todo el dinero recibido ilegalmente y debe ser juzgado y condenado conforme a la legislación vigente.
El Padrón Municipal de Habitantes es uno de los documentos públicos con más transcendencia en España y especialmente ahora que es requisito básico para acceder a las ayudas sociales.
Fotocopiar una Tarjeta de Estacionamiento de Minusválidos se denuncia en el Juzgado por un presunto delito de falsedad documental del articulo 392 del C.P, sin embargo, falsear los datos padronales para conseguir ayudas sociales, la matrícula en un colegio determinado o votar en un municipio distinto al que resides no se denuncia en el juzgado.
Luchando contra el fraude se reducirá el gasto y se podrán mejorar las prestaciones sociales para el que realmente lo necesite, y que a los ciudadanos que pagamos los impuestos no nos quede cara de tontos.
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