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De nuevo, la educación

10 de Enero del 2019 - José María Pérez Rodríguez

En el mes de noviembre de 2016 este periódico tuvo la atención de publicar un extenso trabajo del arriba firmante titulado “El difícil pacto educativo”, a raíz de la exposición en sede parlamentaria del que resultaría elegido presidente del Gobierno y antes de su investidura como tal, de los principales y urgentes problemas que estarían en la mesa del Consejo de Ministros, invitando a todos los grupos parlamentarios a colaborar activa y responsablemente en la solución de los mismos, y entre los cuales, excluido el gravísimo del secesionismo catalán, el del inaplazable Pacto de Estado sobre la Educación, tantas veces propuesto y ninguna acordado, pese a las muchas sensatas y cualificadas voces que lo han venido propiciado desde cualquier ámbito del espectro político, puesto que dada su trascendencia y especial delicadeza debería dejarse necesariamente fuera de la confrontación partidaria, si de verdad aspiramos a una sociedad moderna, libre y democrática.

En aquellos momentos estaba -y está- vigente la LOMCE, Ley Orgánica para la Modernización de la Calidad Educativa, Ley 8/2013, de 9 de diciembre, conocida despectivamente como “ley Wert”, que fue objeto de varios recursos ante el Tribunal Constitucional por la Generalidad de Cataluña y por el PSOE, los de aquella admitidos en parte por la eterna problemática de la exclusión del castellano en el sistema educativo al “invadir competencias del Estatuto” y la de este último rechazado en su integridad por sentencia de 10 de abril de 2018, al pretender la no subvención de la educación diferenciada por motivos de sexo, el derecho de profesores, padres y alumnos a intervenir en el control y gestión de los centros subvencionados y la equiparación de la enseñanza de las asignaturas de Religión con la de Valores culturales y cívicos y Valores éticos, entre otras cuestiones de marcado interés “progresista”… pero, en realidad, retrógrado.

Pues bien, instalado en la Moncloa el llamado Doctor Sánchez aupado por la variopinta índole de neosocialistas, ultracomunistas, secesionistas, republicanos y demás ralea de extrema izquierda, el Gobierno apoyado con 84 escaños propios ya está trabajando intensamente para enterrar la "ley Wert", con su nueva (¡faltaría más!) reforma educativa, recuperando en su anteproyecto de ley para reformar aquella muchos de los aspectos y características de la Ley Orgánica de Educación (LOE), la norma que aprobó el PSOE en 2006, heredera de la LOGSE del ministro Rubalcaba, incluyendo “novedades” como el impulso de un plan personalizado para los alumnos repetidores, que podría incorporar contenidos y exámenes diferentes a los del resto del grupo. Serán los profesores los que decidan qué estrategia emplear en cada caso. Se eliminan los itinerarios y la Religión no computará en Bachillerato. Ocioso es recordar que según el Informe PISA, uno de cada tres alumnos de 15 años estaba repitiendo curso en España en 2015, el triple que en la media de los países de la OCDE, como consecuencia de la LOGSE y su modificación por la LOE.

No sólo se va a enterrar la LOMCE, si se aprueba en su día la ley patrocinada por la menesterosa señora ministra de Educación, Formación Profesional y portavoz del Gobierno, doña María Isabel Celáa, sino que igualmente se cubrirá con lápida de grueso granito de Cuelgamuros todo intento de Pacto de Estado por la Educación, puesto que se obviará la necesidad del esfuerzo, de la exigencia, de la selección, del mérito y, en definitiva, de la libertad, como lo vienen rechazando sistemáticamente los sedicentes “progresistas”, empeñados en anteponer la igualdad a la equidad, como principio esencial de la ideología de izquierdas, que es la única, según ellos, que debe impregnar el sistema educativo de nuestro país a base, dicho sea lisa y llanamente, de igualar por abajo. El profesor que suspende mucho es “sospechoso”, si no fascista; los alumnos deben pasar siempre de curso por muchos suspensos que tengan, sin evaluaciones internas o externas de nadie; exigir cierta nota para disfrutar de una beca es antidemocrático; estudiar la verdadera Historia de España en todo el territorio nacional, o expresarse en el idioma común, eso es anticonstitucional, porque invade las competencias de las comunidades autónomas. Y así, en tantos y tantos aspectos de nuestra vida en común que cercenan de raíz toda posibilidad de verdadero progreso si no se entiende que lo verdaderamente democrático es que un joven de origen humilde pueda, con su esfuerzo y su talento, sin que nadie tenga que regalarle nada salvo el coste de su matrícula, ascender personal, profesional y económicamente, y que esa reiterada tendencia a igualar por abajo, sin contribución alguna por su parte, es profundamente reaccionaria y el problema de la educación no tendrá solución racional.

Pero no conviene en éste y otros muchos aspectos de nuestro diario devenir ser ingenuos. Frente a la burda demagogia con que el presidente del Gobierno invoca las “políticas sociales”, el PSOE no hace sino legislar contra las libertades públicas en España, con un ánimo restrictivo, sectario y revanchista, habiéndose convertido así en el mejor aliado de Podemos contra la libertad, al estar obsesionado con la imposición ideológica desde una concepción estatalista de la educación, si prosperan las medidas contempladas en el anteproyecto de ley, implantando un sistema viciado y abocado, una vez más, al fracaso, al conculcar derechos fundamentales por evidente intromisión en nuestra libertad, cuestión sobre la que volveremos a incidir si el proyecto gubernamental no encalla, no sólo por su intrínseca perversión, sino por el difícil momento político por el que atravesamos.

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