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2019: De nosotros depende que las cosas cambien

11 de Enero del 2019 - Mario José Diego Rodríguez (Gijón)

No sé si se puede apreciar alguna diferencia entre el año que dejamos atrás y el nuevo que empezamos. Por mucho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirme que "el Gobierno avanza en la regeneración democrática, la modernización económica y el fortalecimiento de nuestra cohesión social", el balance político desde que la moción de censura lo convirtió en Presidente, se podría calificar de mucho ruido y pocas nueces. Entre las medidas faro -y a las que también podemos añadirles el calificativo: simbólicas- anunciadas con gran fanfarria, aún estamos esperando que la mayoría de entre ellas se concreten materialmente. Por ahora, lo único que se ha concretado es el ruido generado tanto en los medios como en el microcosmo político "representativo".

Dejando de lado el trajín que el Gobierno se trae con la tumba del dictador en el Valle de los Caídos o la tergiversa "necesidad inminente" de subir los impuestos a la banca y cuyo carácter inminente ya perdió, hablemos del Salario Mínimo Interprofesional, una de las medidas que acabó por concretarse. No cabe duda que el incremento del SMI es una medida importante para el millón y medio de trabajadoras y trabajadores cuyo salario se sitúa por debajo de esa cifra, no obstante, más allá del hecho de que su carácter "histórico" lo debe, sobre todo, a la racanería de la patronal, dicha medida está lejos -comparado al espectacular incremento del precio de los alquileres, de la electricidad y otros bienes básicos- de constituir una solución para afrontar las dificultades en las que se encuentran ese millón y medio de personas beneficiadas por dicha medida.

El resto de las medidas, llamadas "medidas sociales", son de la misma calaña. O tergiversaciones o migajas. Migajas, que mayoritariamente solo atañen a una minoría de personas, minoría que se encuentra en el umbral de la pobreza y para quien dichas medidas no constituyen una solución para salir adelante. Por otra parte, la subida salarial de los funcionarios no les permite recuperar el poder adquisitivo perdido desde 2010, ídem de lienzo para los pensionistas con la subida de sus pensiones en acuerdo con el IPC. En cuanto a las pensiones mínimas y no contributivas que subirán de un 3%, tampoco será lo que permita a las personas beneficiadas salir del escollo en el que se encuentran. Dudo, que a una persona recibiendo una pensión de 600 con enormes dificultades para sobrevivir, le sea de una gran ayuda ver su pensión incrementarse de 18.

El hecho de que la apisonadora derechista PP y Ciudadanos hagan suyos los discursos demagogos de la extrema derecha -por cierto, discursos en los que en su gran mayoría no mencionan las medidas económicas que quieren llevar a cabo, y cuando lo hacen, lo hacen a grandes rasgos y sin adentrarse con precisión en ellas- puede, para una parte de las clases populares, hacer pasar la política del gobierno por una política progresista que tengamos que defender cueste lo que cueste. Sin embargo, las medidas que realmente significarían algo para dichas clases, esas, nos dice el Gobierno "no podemos llevarlas a cabo porque solo tenemos 84 diputados" e incluso, "aunque quisiésemos la situación económica no nos permitiría hacerlo, tenemos que tener en cuenta los intereses de las empresas", entendamos por empresas, empresarios y accionistas.

Efectivamente, la realidad que unos y otros representan, aunque los métodos empleados no sean los mismos e incluso a veces opuestos -en función de la situación económica en la que nos encontremos- son los intereses de la patronal, los intereses del gran capital. Hoy en día, la solución ya no consiste en restablecer una parte del poder adquisitivo, esta medida ya no es una medida suficiente para que la parte más pobre de la clase trabajadora pueda vivir dignamente. El gobierno actual, como todos los que vendrán detrás, si no se decide a poner un término a las subvenciones millonarias cedidas a las grandes empresas, sean cuales sean las razones y los medios utilizados; si no se decide a establecer un impuesto sobre las rentas, realmente proporcional y aplicable no solo al conjunto de la población sino también a las empresas; si no reduce la jornada laboral sin pérdida salarial para poder crear empleo; si no prohíbe los despidos a toda empresa generando beneficios; si no impone como regla: ningún salario, pensión o subsidio inferior a 1.100 euros, en ningún caso podremos considerar que es un gobierno que nos represente.

Si últimamente algo demostraron las clases populares francesas en este fin de año 2018, con su movilización llamada "Gilets jaunes", es lo siguiente: si un gobierno, sea cual sea, no está dispuesto a poner en práctica todo lo citado en el párrafo anterior -única manera de poder vivir dignamente- tenemos que arrancárselo ocupando las calles. Si algún deseo tengo que emitir para 2019, es ese.

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