Expolio en Grado
El pasado día 19 de diciembre vimos aparecer en la prensa al sonriente alcalde de Grado, Antonio Rey (PP), mostrando ufano las treinta monedas del Judas traidor. La entrega de un cheque por parte del representante de la empresa Asturagua oficializaba la consumación del expolio que está sufriendo el pueblo de Grado a manos de estos dirigentes.
Se ha materializado la privatización del servicio de aguas del concejo, por un periodo nada desdeñable de 25 años que, muchos de nosotros, quizás no veamos terminado. Durante ese tiempo la empresa nos cobrará el agua, un servicio que aportaba unos 60 millones de pesetas anuales de beneficio a las arcas públicas, y por el que la citada sociedad sólo tendrá que pagar poco más de 600 millones de pesetas al ayuntamiento. En veinticinco años el ayuntamiento habría recaudado más de 1.500 millones de pesetas, sin contar las subidas anuales ni el aumento de usuarios, que sí le tendremos que pagar a la empresa adjudicataria. (Pongo las cantidades en pesetas para que podamos tener una idea clara de las cantidades que se están manejando, ya que, al hablar de euros, aún no tenemos la medida exacta de los mismos, al menos yo).
Este dinero que ahora se le entrega a una empresa privada saldrá de nuestros bolsillos, de todos los habitantes de Grado. Y ya no tiene marcha a atrás.
En todo este proceso de privatización se ha podido ver la patita de varios ediles. Recuerdo que ni en el programa de Aigras ni del PP estaba incluida la privatización del servicio y, sin embargo, tanto Rey como Patallo se han dedicado en cuerpo y alma a llevarla a buen fin (para ellos). Tanto que, salvo el asfaltado del Charcón, no recuerdo otra obra que estos alcaldes hayan ejecutado en Grado, ni de sus programas electorales y ajenas a ellos.
Estos señores fueron interpelados en Pleno, por el portavoz del grupo socialista, sobre la existencia de relaciones familiares entre personal de las distintas empresas que concursaban y los dirigentes de los grupos de derechas moscones (PP y Aigras). Recuerdo que, como respuesta, Alejandro Patallo vino a decir que tenía cinco hermanos y que no podía saber dónde trabajaban todos. ¿Cómo una persona que no alcanza a conocer dónde trabajan cinco personas de su entorno más inmediato puede llevar las riendas de un ayuntamiento de más de 11.000 habitantes?
Me gustaría saber si realmente había algún familiar de ediles del PP o Aigras trabajando para alguna de las empresas que concurrían a la privatización de un servicio esencial para el pueblo. Si trabajaban para la misma empresa o tenían intereses contrapuestos, y en este segundo caso, cuál de ellos fue ganador en la postrera adjudicación. Esta información nos permitiría tener una idea más clara de la fuerza real de cada grupo en el mando efectivo del ayuntamiento, y de cuál de los dos va por delante en el proceso de liquidación del patrimonio municipal.
No tengo muchas dudas de que el proceso seguido sea legal. Los munícipes de derechas siempre han tenido buenos asesores, no en vano han estado dictando leyes durante más de 46 años. Pero que sea legal no quiere decir que sea lícito u honesto. Y en este sentido y convicción es clara.
Lo del agua les ha salido bien. Han ingresado una importante cantidad, a costa de hipotecar nuestro suministro futuro, y la gastarán rápidamente en esta legislatura, no vaya a ser que no tengan otra. Y una parte importante de ese gasto irá a sus sueldos personales, decididamente muy elevados para su valía.
Una vez saboreadas las mieles del dinero fácil y la privatización express, ¿qué será lo próximo? Ya se comenta que la piscina municipal, así que ya nos podemos echar a temblar. Ya estoy viendo el primer municipio privado de España, eso sí, con dos alcaldes muy bien pagados con dinero público.
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