Variación en la adjudicación de los cotos regionales de caza

Ante hechos sucedidos recientemente, existe preocupación entre un gran número de sociedades locales de cazadores por el hecho de que la Consejería de Medio Ambiente no se encuentre a la altura de su responsabilidad en los períodos de licitación a través de concurso público para la adjudicación de la gestión de los cotos regionales de caza y sobre el carácter calificador que de las distintas posiciones de las partes interesadas efectúe.

Indudablemente, el cambio de orientación sobre este procedimiento concursal y su orden prioritario en los criterios estimados nos transmiten un perfil adaptado a otro parecer interpretativo de la legislación vigente. El baremo evaluador más representativo y al que no se le ha prestado la debida atención, más bien se ha obviado, y señalado en el reglamento de la ley de caza (artículo. 28) es aquel que hace mención a las juntas locales de caza, a su arraigo y experiencia (cuestiones estas señaladas como de especial valoración) en la gestión cinegética en la zona donde se ubique el coto y la preferencia frente a otros intereses que por tal motivo deberían tener en la adjudicación del aprovechamiento de los terrenos cinegéticos objeto de concesión.

En las actuales circunstancias, visto lo acontecido, hay una contrariedad en estas reválidas por la que pudieran verse seriamente afectados en sus justas y legítimas aspiraciones los aficionados locales a través de sus organizaciones, por no alcanzar posiciones de carácter especulativo.

Evidentemente, las corporaciones cinegéticas municipales basan su actuación concretando proyectos de un marcado componente social, optimizando sus recursos hacia posiciones abiertas a cualquier naturaleza y garantizando la participación de la misma en régimen de igualdad de oportunidades para todos. Han venido gestionando su capacidad operativa a favor del cumplimiento adecuado de los planes técnicos de caza, posibilitando que en los terrenos que ejercen su responsabilidad se hayan establecido una amplia densidad y diversidad de especies venatorias y aportando dedicación al equilibrio ecológico y medioambiental.

Para el futuro de la actividad venatoria en nuestra región bien se podría pensar que habrá dos tendencias opuestas en su concepción ideológica. La actual, con fecha de caducidad, si no se remedia antes, más representativa, asamblearia, de tendencia hacia y para la colectividad en la que está garantizada la participación de la ciudadanía. Una metodología que se ha venido sosteniendo y que encontrará, sin duda, serias dificultades en su continuación. Mantenerla será dificultoso y mucho me temo que con el transcurrir del tiempo se vaya depreciando la capacidad de su ordenación.

Con una presencia activa y en clara contraposición con el ideario, y por tanto de signo contrario al mismo de estas sociedades locales, surgen iniciativas empresariales agrupadas gremialmente en torno a una señalada forma económica en clara sintonía con la libertad de mercado, al que de forma sibilina le han querido diluir su vinculación con esta tendencia. La claridad de su estilo, recogido en sus estatutos fundacionales, no admite interpretaciones soslayadas, y ofrecer sus servicios sin ánimo de lucro parece un avieso propósito.

A cualquier observador (aficionado a la caza o no) que se precie no le será indiferente la contemplación de la espléndida realidad de nuestros cotos regionales de caza y cómo suscita este buen estado de salud unas apetencias de integración por parte de sectores industriales, fundamentalmente turismo y empresas de gestión cinegética de las denominadas «orgánicas», sin desdeñar a la propia Administración, formando un más que presumible consorcio, afectado en una marcada tendencia generadora de plusvalía unas, y la otra, presuntamente pensando en la incorporación a su estamento de aquellos terrenos de estos cotos, de un nivel rentable, para someterlos a un programa de condición jurídica acorde con sus intereses.

Y digo que se ha obviado este amplio proceder sobre la base de ejemplos prácticos. Muy recientemente hemos asistido a un desmembramiento de todo un sistema tradicional de caza. El que han venido practicando desde décadas los cazadores de Llanera, algunos sobre terrenos y montes de su propiedad, obligados en la actualidad a ejercer de emigrantes, en cuanto a la práctica de la caza se refiere, teniendo por fuerza que desvincularse para este deporte de sus lugares naturales de vivencias y asentamiento. Los han dejado fuera de contexto, imposibilitándoles racionalizar de forma conjunta con sus compañeros de asociación a través de asambleas la formación de un estilo común y propio, nada excluyente e integrador, y les han impuesto otro, singular, no universal, y de definición absolutista y, por tanto, imperativo.

Una situación creada que ha traído una sentida decepción por considerar una maniobra extraña el acceso de estas mercantiles a ocupar lugar y espacio que por tradición y connotaciones positivas a estos aficionados locales les corresponde.