Romper una lanza por el Tribunal Supremo
Ha llamado la atención esta primera semana del juicio al golpe del procés la permisividad del Tribunal Supremo hacia las soflamas políticas emitidas por los encausados -sobremanera Oriol Junqueras- y sus abogados. Ha habido una inédita, una infrecuente deferencia hacia las demandas procesales de las defensas, un empeño en la explicación justificativa, rozando lo didáctico, cuando se han rechazado o pospuesto al momento procesal oportuno peticiones de los letrados. Se ha visto hasta cordialidad, como cuando entre leves sonrisas el presidente del Alto Tribunal ha dispensado a Oriol Junqueras de identificarse («este Tribunal no va a pedirle que se identifique, es sobradamente conocida su identidad»). Esta exquisitez con unas personas que han jugado con el orden constitucional, la soberanía y las libertades de los españoles, agravado el hecho con la responsabilidad institucional que desempeñaban, ha recibido críticas por lo que de agravio puede tener para cualquier ciudadano que diariamente cumple con la legalidad, y muy especialmente para aquellos (y para los profesionales encargados de su defensa) que se hayan visto alguna vez ante este tribunal.
Pero frente a la reacción impulsiva de rechazo rompamos una lanza en favor del Tribunal Supremo.
Los magistrados son conscientes del carácter mediático y de la repercusión internacional del juicio, y a esas circunstancias están adaptando la conducción formal del proceso. Sobre el tribunal no pende solo la conciencia del camino confeso que seguirá la causa hasta su revisión en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, también gravita el impacto del comportamiento de los tribunales de Schleswig-Holstein y de Bélgica, que supusieron una humillación al poner en solfa los criterios del Supremo, juzgador omnipotente dentro de nuestras fronteras. Y es indudable que dichos tribunales extranjeros se vieron influidos por cierta opinión pública generada en Europa por el propagandismo secesionista. Teniendo en cuenta los antecedentes, la retransmisión televisada del juicio en directo, la presencia de prensa internacional, el interés que ello evidencia en los medios creadores de opinión -especialmente europea-, considerando todo ello... el riesgo que en ningún caso puede permitirse el Estado de Derecho español es el de ser defendido por un Alto Tribunal que diera muestras públicas de soberbia, prepotencia y autoritarismo. Porque seamos realistas: esta batalla no solo es la del Derecho, también es la de la imagen; porque como dijo alguien, lo dramático de este juicio es que mientras en España se juzga a los golpistas, en el mundo se juzga a España. Y no perdamos de vista que en un escenario así el Tribunal Supremo juega en esta causa el papel de representación institucional de España ante el mundo. No hay gobierno ni jefatura del Estado que intervenga a fecha de hoy en este asunto, el tribunal se ve en la tesitura de ser el responsable de la imagen que nuestro país proyecte hacia afuera, de ser embajador de nuestro sistema jurídico. No debería ser -no es- su función, pero los acontecimientos lo han situado ahí.
El Tribunal se ve de esta manera insólitamente emplazado en el mundo metajurídico de las percepciones colectivas donde el aspecto psicológico es determinante. Por eso un procedimiento suave en las maneras, sin que ello suponga cesiones en los contenidos ni en los criterios de fondo, podrá ser percibido como un sistema político amable, educado, respetuoso, que desmentirá la idea de "España turca" que los independentistas pretenden difundir. Sobre ese sustrato superficial habrá de avanzar el proceso judicial, abriéndose los espacios para el debate estrictamente jurídico, el despliegue argumentativo y la intervención de la Fiscalía. Incluso la expectación creada en el público extranjero puede servir de estímulo para aquilatar las decisiones que finalmente se adopten y refinar los razonamientos en que éstas se apoyen. Es decir, los condicionantes pueden trastocarse en oportunidad para dar un ejemplo al mundo de calidad y rigor jurídicos. Ahora bien, para ello es imprescindible no perder la partida antes de comenzarla, por cuestiones de imagen. Creo que los magistrados del Tribunal Supremo son conscientes de ello. Confiemos.
Julio González Polo
Oviedo
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