El deterioro de la sanidad pública es generalizado

Con fecha 7-2-19 publiqué un artículo en LA NUEVA ESPAÑA relativo al inquietante deterioro de nuestra sanidad pública, sin citar a una comunidad autónoma determinada, aunque al residir en Gijón pudo interpretarse que solamente me refería al Principado de Asturias. Al contrario, el artículo describía las preocupantes carencias en toda la sanidad pública española, debido a la excesiva demanda de pacientes (agravada por la reinstauración de su prestación universal) y el desajuste en sus recursos humanos; necesitando una buena planificación desde la base de la pirámide sanitaria, con el preciso cálculo de las plazas requeridas por cada especialidad durante las sucesivas convocatorias MIR (Médicos Internos y Residentes) de la próxima década.

Dicho esto, una editorial del "Periódico de Catalunya" (11-2-19) denunciaba la falta de 300 pediatras en la atención primaria catalana, con un 30% de estas plazas públicas ocupadas por médicos no especializados; indicando finalmente que, aparte de planificar y presupuestar los recursos humanos, otro factor valorable era el escaso atractivo para las nuevas generaciones de médicos sobre ciertas especialidades (como la de Pediatría en los centros de asistencia primaria).

Curiosamente, el mismo problema también lo padecen determinados centros de salud de la Comunidad de Madrid (CAM), como el de mi propia nieta en Alcalá de Henares; a pesar del alarde efectuado por el presidente de la CAM sobre el excelente nivel de la sanidad pública madrileña.

Personalmente, considero que aparte de la especialidad también influye el destino de la plaza, existiendo mayor demanda para las grandes capitales que para el medio rural o ciudades pequeñas, como Teruel. Me explico:

El Hospital Obispo Polanco de Teruel se construyó en 1953 para cubrir la asistencia médica de la capital (con 35.000 habitantes) y su entorno. Sin embargo, actualmente este hospital sufre graves problemas de recursos humanos en 4 de sus 33 servicios, al registrar 23 vacantes con el cierre del servicio de ORL y Reumatología por falta de especialistas, implicando el traslado (temporal ¿?) de sus pacientes a Zaragoza.

Otros servicios, como Radiología, funcionan en precario y al carecer de radiólogo de guardia las imágenes de pacientes urgentes tomadas en Teruel son enviadas a colegas de Calatayud o Zaragoza para su interpretación diagnóstica: así, la telemedicina cubre “in extremis” estas carencias, a pesar de que el presidente de la comunidad de Aragón (el socialista Javier Lambán) haya declarado: “Teruel goza de buena sanidad pública, aunque tenga problemas puntuales, no causados por desidia del Gobierno de Aragón”. (“ABC” de Aragón, 5-2-19) (“El País”, 12-2-19).

Dicho lo cual, me pregunto: ¿faltan médicos en España o están mal distribuidos?

Según Lambán, existe un problema de escasez de médicos en la sanidad pública de la “España interior” que debería abordarse a nivel nacional. Por su parte, la ministra de Sanidad, M.ª Luisa Carcedo, ha precisado que el índice de médicos en España es de los más altos de la OCDE (425 médicos/100.000 habitantes), aunque su distribución sea inadecuada en determinadas comunidades autónomas (“El País”, 12 y 24-1-19).

Incluso más, según un estudio del Ministerio de Sanidad, en la sanidad pública actual trabajan 138.000 especialistas, con un déficit del 2,9% (4.000-5.000 médicos) sobre la dotación idónea de personal facultativo. No obstante, posiblemente en el año 2025 esta cifra ascendería al 12% si no se modifica el “numerus clausus” (acceso restringido) al programa MIR o no se cubren las jubilaciones del personal médico, puesto que el 50% de médicos en activo son mayores de 50 años (particularmente en la atención primaria, “El País”, 24-1-19).

Por tanto, se precisan urgentes medidas para paliar este déficit de recursos humanos en determinadas áreas sanitarias de nuestra sanidad pública. A mi juicio, deben centrarse en ajustar el “numerus clausus” del MIR sobre la demanda real de especialistas y, a su vez, fomentar las especialidades menos atractivas o destinos menos deseados, con el fin de lograr una calidad asistencial homogénea en todas nuestras comunidades autónomas y cumplir con el derecho del ciudadano a ser atendido en cualquier punto de España con la misma tarjeta sanitaria, prescindiendo de la comunidad autónoma que la expida.

En este sentido, la ministra de Sanidad ha señalado la imperiosa necesidad de incentivar la atención primaria, cuya tasa de facultativos solo ascendió un 1% en el periodo 2010-2016, mientras que la de médicos especialistas ascendió un 6%.

Simultáneamente, para incentivar destinos poco atractivos (como Teruel), la Consejería de Sanidad de Aragón estableció unos incentivos económicos y profesionales, primando

la antigüedad del médico que solicite, inicialmente, un destino poco atractivo para poder acceder, por traslado posterior, a puestos laborales más deseados. También estableció contratos mixtos para trabajar parte de la semana en Teruel y el resto en Zaragoza, algo que también parece suceder en Asturias, al desplazarse facultativos del HUCA a ciertos hospitales regionales (como el Hospital de Cangas del Narcea) para reforzar las guardias.

Personalmente, considero válidas las dos primeras medidas, pero discrepo de establecer contratos mixtos porque si el médico debe atender simultáneamente a pacientes de dos hospitales no logrará integrarse en ninguno de ellos. Inversamente, el paciente tratado a la vez por diversos médicos también sale perjudicado porque pierde la imprescindible relación de confianza con “su médico”.

En síntesis, concluyo afirmando que el inquietante deterioro de nuestra sanidad pública es generalizado, sea por la excesiva demanda de pacientes, por la proporcional carencia de médicos o su desigual distribución. Sin duda, este es un tema prioritario que debería condicionar el voto ciudadano en las elecciones generales del próximo 28 de abril.