Silenciar las ONG

Amnistía Internacional (AI) acaba de publicar el informe titulado "Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil", en el que revela el sorprendente número de países que están utilizando tácticas intimidatorias y normas represivas para evitar que las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) desempeñen su labor esencial. En él se citan 50 países cuyos dirigentes han introducido leyes que impiden a la gente ejercer su derecho a crear o participar en organizaciones que promueven el bien común. Sólo en los dos últimos años, han entrado en vigor o están en preparación casi 40 leyes de este tipo.

Estas leyes, promovidas por gobiernos de todo el mundo, buscan acosar hasta sumirlas en el silencio a las organizaciones que se atreven a alzar la voz en favor de los derechos humanos, interfiriendo con el derecho de asociación y provocando graves consecuencias para la sociedad civil. Dichas leyes, en general, aplican absurdos procesos para la inscripción de las ONG en el registro correspondiente, las someten a vigilancia, limitan su trabajo, restringen sus fuentes de recursos y, en muchos casos, determinan su cierre si no cumplen con los irrazonables requisitos que les imponen.

En algunos países, el ataque contra las ONG va dirigido particularmente a organizaciones que defienden los derechos de grupos marginados. Las organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, los derechos de las personas LGBTI y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como las asociaciones ecologistas, se encuentran entre las más afectadas. Estos son algunos ejemplos:

-En Bielorrusia, las ONG están sometidas a una estricta supervisión estatal. Trabajar para una ONG a la que se ha denegado, con frecuencia arbitrariamente, la inscripción en el registro es delito.

-En Arabia Saudí, el gobierno puede negar el permiso a nuevas organizaciones y disolverlas si se considera que "perjudican la unidad nacional". Esto ha afectado a los grupos de derechos humanos, incluidos los que defienden los derechos de las mujeres, que no han podido registrarse y funcionar libremente en el país.

-En Egipto, las organizaciones que reciben financiación del extranjero deben cumplir normas estrictas y arbitrarias. A causa de esto, muchos defensores y defensoras de los derechos humanos han sufrido prohibiciones de viajar, congelación de activos y procesamientos judiciales, en algunos casos con penas de hasta 25 años de cárcel en caso de dictarse sentencia condenatoria.

-En China, la nueva legislación controla estrechamente la labor de las ONG, desde su inscripción en el registro y su presentación de informes hasta su actividad bancaria, sus requisitos de contratación y su recaudación de fondos.

-En Rusia, el gobierno denomina a las ONG que reciben financiación extranjera "agentes extranjeros", un término que es sinónimo de "espía", "traidor" y "enemigo del Estado". El gobierno aplica esta legislación de manera tan amplia que incluso una organización que apoyaba a las personas con diabetes fue sancionada con una elevada multa e incluida en el registro de "agentes extranjeros", por lo que se vio obligada a cerrar en octubre de 2018. Los grupos médicos, ecologistas y de mujeres también están en el punto de mira.

-En Hungría, el gobierno ha obligado a varias ONG a inscribirse en el registro como "organización que recibe financiación extranjera" para desacreditar su trabajo y poner en su contra a la opinión pública. Las organizaciones que no cumplan la normativa se enfrentan a cuantiosas multas y, en última instancia, a la suspensión de sus actividades. Las organizaciones que trabajan en apoyo de personas migrantes y refugiadas han sido atacadas deliberadamente y su personal ha sido hostigado tras la aprobación de un nuevo conjunto de leyes en junio del año pasado.

Estas leyes también han afectado el trabajo de AI. Desde India hasta Hungría, las autoridades han sometido a abusos a nuestro personal, han irrumpido en sus oficinas y han congelado sus activos en una nueva escalada de sus ataques a las organizaciones locales. En India, por ejemplo, debido a la congelación de cuentas de ONG ordenada por las autoridades y a otros ataques, nos resulta cada vez más difícil seguir manteniendo bajo observación y sacar a la luz abusos contra los derechos humanos y proteger a la gente cuyos derechos están siendo pisoteados. Otras organizaciones de India se han visto también afectadas, entre ellas Greenpeace.

AI considera que no se debe criminalizar a nadie por defender los derechos humanos. Los líderes mundiales deben tener como meta garantizar la igualdad y conseguir que en sus países la gente tenga mejores condiciones de trabajo, una atención de la salud adecuada, acceso a la educación y una vivienda adecuada, no atacar a quienes exigen estas condiciones.

Los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen el compromiso de crear un mundo mejor para todas las personas. No vamos a abandonar la lucha, porque sabemos lo importante que es esta labor. Los líderes mundiales reiteraron su compromiso de proporcionar un entorno seguro a los defensores y defensoras de los derechos humanos en diciembre de 2018, en la sede de la ONU, con motivo de la conmemoración del 20º aniversario de la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Ahora deben asegurarse de que ese compromiso se convierte en realidad.