Función Pública al servicio de los intereses del Gobierno
Tras la difusión y conocimiento público del borrador del anteproyecto de ley del Principado de Asturias de la Función Pública, el Conceyu por otra Función Pública n'Asturies tiene la obligación ética de denunciar ante la opinión pública que dicho anteproyecto de ley va dirigido a establecer un sistema de acceso, promoción y organización del empleo público en la comunidad autónoma que, lejos de mejorar el modelo clientelar vigente, supone un retroceso que atenta gravemente contra los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad, imparcialidad, objetividad y servicio exclusivo de los intereses generales de los ciudadanos y ciudadanas.
Denunciamos que el anteproyecto de ley excluye de los procedimientos públicos y transparentes de selección al personal de las empresas y fundaciones públicas del Principado de Asturias, es decir, a los conocidos popularmente como «chiringuitos» de la Administración, otorgando patente de corso al proceso de huida masiva del Derecho Público para eludir precisamente los principios de igualdad y publicidad en el acceso a los puestos de trabajo de estas entidades públicas.
Denunciamos que la designación y nombramiento de los miembros de los órganos de selección del personal siguen quedando en las manos del poder político, sin sujetarse a criterio objetivo alguno que evite la formación de mayorías sensibles a las directrices del Gobierno, proyectando una alargada sombra de sospecha sobre el control y orientación de las decisiones de aquéllos.
Denunciamos la regresión introducida en el procedimiento ordinario de ascenso en la carrera administrativa, que es el concurso de méritos, al convertir una modalidad que hasta ahora era excepcional y manifiestamente dirigida, a saber, el concurso específico, en la regla general. Con ello, la presentación de memorias y la celebración de entrevistas se convertirán en la pieza clave para la obtención de los puestos de trabajo de nivel superior, privilegiando de esta forma a los trabajadores que ya desempeñaban previamente dichos puestos de forma provisional en comisión de servicios, elegidos a dedo para ello.
Denunciamos la consolidación del sistema de nombramientos en comisión de servicios, sin someterlo a criterio alguno de selección previa, a través del cual se viene transformando «de facto» la provisión ordinaria de puestos por concurso de méritos en un procedimiento generalizado de designación a dedo.
Denunciamos la extensión desaforada de la técnica de gestión privada de la evaluación del desempeño, mediante la calificación y examen de la conducta profesional de los empleados públicos por parte de los cargos de designación política, que condicionará si dicho anteproyecto prospera la permanencia en los puestos de trabajo obtenidos por concurso de méritos y una parte significativa del salario. De este modo, se propiciará que los empleados públicos atiendan más a satisfacer las conveniencias políticas de sus jefes, que a actuar con la imparcialidad y objetividad imprescindibles para el desarrollo de las funciones públicas conforme al interés general.
Al mismo tiempo, se aboca a los trabajadores a una carrera competitiva permanente por el puesto de trabajo y el sueldo, que generará tensiones, mal ambiente de trabajo y, finalmente, redundará en una degradación de la calidad de los servicios públicos que se prestan.
Denunciamos, finalmente, un endurecimiento represivo del régimen disciplinario, traducido en la tipificación como infracciones muy graves y graves de conductas relacionadas con la libertad de expresión y el comportamiento crítico de los trabajadores, dirigidas a amedrentar al personal y a formar una clase funcionarial sumisa, adocenada y fielmente identificada con las decisiones del poder político.
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