El correcto uso del electroshock

Las asociaciones de personas con discapacidad psicosocial, familiares y profesionales de la salud mental abajo firmantes, respecto de la noticia con titular “Psiquiatras, psicólogos y usuarios rechazan la vuelta del electroshock”, publicada el 9 de abril de 2019 en su periódico LA NUEVA ESPAÑA, queremos destacar y hacer públicas las siguientes aclaraciones:

1) Manifestamos nuestro desacuerdo con el uso e interpretación que se ha hecho en la noticia de nuestro escrito, cuyo destinatario único era el señor consejero de Sanidad del Principado de Asturias (no “su Departamento”) y cuyo objeto era solicitarle aclaración y respuesta, directa y privada, a una serie de cuestiones planteadas.

2) Dado que la noticia ha resumido y simplificado los contenidos de nuestro comunicado, concebido como un todo destinado a su lectura, valoración y respuesta por el señor consejero de Sanidad, y que se ha publicado sin nuestro consentimiento ni conocimiento, no vemos reflejado su mensaje en la información publicada. Consideramos muy inadecuada su traslación a la opinión pública de este modo, por lo que no podemos hacernos cargo de las interpretaciones o consecuencias derivadas de dicha publicación.

3) No estamos de acuerdo con el titular de la noticia y consideramos, tal como se expresa en nuestro comunicado al que hace referencia la noticia, que la terapia electroconvulsiva debiera reservarse a las circunstancias restringidas de uso establecidas por las guías de práctica clínica al efecto, bajo los estándares de calidad y monitorización de los servicios públicos de salud, siempre después de haber recurrido a formas de tratamiento menos invasivas, que sin embargo no suelen estar disponibles, por falta de recursos para ellas.

4) Tampoco nos parece acertado el subtitular que afirma que el electroshock sea “una terapia que el Principado quiere restaurar”. Precisamente enviamos nuestro documento al Consejero para conocer su posicionamiento ante unas noticias que se limitan a recoger ideas y opiniones de quien parece hablar en nombre tanto del conjunto de los profesionales de la psiquiatría y la psicología clínica como de las propias autoridades sanitarias, sin que tengamos conocimiento de que estas hayan hecho pública ninguna información oficial al respecto, y cuando es evidente que ni la mayoría de nuestras organizaciones ni el conjunto de los trabajadores de los servicios de salud mental se ven reflejadas en dichas afirmaciones. Tampoco la Consejería ha abierto ningún proceso consultivo o participativo hacia las organizaciones que representan a los colectivos de personas susceptibles de ser sometidas a electroshock, ni las de sus familiares, como sería pertinente si tal situación fuera a ser tenida en consideración por un Gobierno democrático. Máxime a la vista de la sorpresa y alarma que tales anuncios han provocado, de hecho, entre estos colectivos.

5) Por otro lado, hemos de hacer notar que la terapia electroconvulsiva o electroshock es una técnica diferente, mucho más invasiva y con muchos más efectos secundarios potenciales que la llamada electroestimulación, como sus propios nombres expresan. Por ello, es erróneo y muy desacertado confundir ambos términos al referirse al electroshock, como ocurre en este y los anteriores artículos sobre esta cuestión, por el equívoco a que da lugar, con la consiguiente minimización de sus consecuencias.

6) Asimismo, nos parece muy improcedente insistir en oponer en cada artículo, cada vez que se plantean reservas basadas en la evidencia sobre los excesos del electroshock, opiniones que no aluden a dichas reservas ni aportan datos que las contradigan, sino que únicamente expresan la defensa genérica del propio electroshock a partir de argumentaciones emocionales nada rigurosas, imposibles de basar en la evidencia.

7) Los firmantes consideramos que ha llegado la hora de que en la Salud Mental los derechos humanos, que en los últimos años han sufrido un claro retroceso en Asturias tras el gran avance que supuso la Reforma Psiquiátrica de 1986, ocupen por fin el lugar que les corresponde, también en los Servicios Públicos. Recientemente, el Comité para los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, en su revisión periódica a España respecto a la aplicación de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, ha incidido de modo muy especial en las vulneraciones flagrantes de dicho Tratado Internacional hacia el colectivo de personas con discapacidad psicosocial (que padecen diagnósticos psiquiátricos), con especial referencia a la ausencia casi absoluta de respeto al derecho al consentimiento libre e informado en los servicios de salud mental. Entre las Recomendaciones a España que se harán públicas próximamente se espera el apremio a España para que actualice y adapte su legislación de modo que garantice los derechos recogidos en dicho Tratado Internacional, también para las personas con discapacidades psicosociales.

8) Creemos, finalmente, que la salud mental merece ya una seria reflexión sobre su trato adecuado en los medios de comunicación, más allá del habitual abordaje precipitado, superficial o sensacionalista.

César Luis Sanz de la Garza, presidente de la Asociación Asturiana de Salud Mental-AEN, firma este escrito junto a los responsables de AFESA Salud Mental Asturias, Foro Psicoanalítico de Asturias, Hierbabuena Asociación para la Salud Mental, Plataforma para la Salud y la Sanidad Pública de Asturias, Asociación de Bipolares de Asturias, Sociedad de Psicología Clínica de Asturias y Asociación Española de Enfermería de Salud Mental