Por la justicia

El sábado 13 de marzo de 2010 se publica en el periódico LA NUEVA ESPAÑA una tertulia con el denominado sector crítico de la ley Integral de la Violencia de Género compuesta por cuatro juristas de reconocido prestigio, dos de ellos jueces de familia encargados, por tanto, de aplicar la ley.

La lectura de dicho artículo produce en mí una suerte de estupor e indignación que no acierto a digerir. Trato de buscar una excusa razonable que justifique lo aberrante de sus afirmaciones que posteriormente citaré, antes de emitir un juicio de valor que seguramente sería desproporcionado e injusto... pero no la encuentro.

Se trata de frases entrecomilladas, no de interpretaciones interesadas de un periodista aventajado. Se repiten, se reafirman. Verdaderamente parece que piensan lo que dicen, al menos lo defienden públicamente. No son paisanos en un bar fanfarroneando sobre un tema que ni les va ni les viene. Son los encargados de hacer cumplir la ley, o más concretamente forman parte del poder judicial, el poder del Estado que, de conformidad al ordenamiento jurídico, es el encargado de administrar justicia en la sociedad mediante la aplicación de las normas jurídicas.

Bien, pues el juez don Ángel Luis Campo comienza diciendo: «En este país hay que empezar a dejar opinar a todo el mundo». Lo que más me intriga de esta frase es el verbo empezar. El derecho a la libertad de expresión aparece regulado en nuestra Constitución, como el resto de los derechos fundamentales, desde su promulgación, y su ejercicio está ampliamente garantizado. Su límite está en el respeto a los demás derechos reconocidos y, en especial, a la protección de la juventud y la infancia.

Hace mucho tiempo que todos opinamos.

Don Francisco Serrano, también juez de familia, declara: «Soy un sector minoritario». Él es el sector, no forma parte de, o representa a, es el sector en sí mismo. Para decir a renglón seguido que «la mayoría piensa como nosotros». Luego tenemos que deducir que o se ha equivocado definiéndose como la minoría, o está presuponiendo que sus compañeros son unos cobardes porque, pensando como él, no se atreven a manifestarlo.

Hasta aquí podemos decir que no hay de qué preocuparse: incorrecciones, comentarios fuera de lugar..., lo típico en una tertulia, aunque sea de profesionales.

Además, para que nos alarmemos, Luis Pérez, abogado, quiere dejar claro que él no niega que existan mujeres maltratadas. Si no lo niegan podemos respirar tranquilos; no es un mal sueño, existe desgraciadamente la violencia contra las mujeres, no nos lo hemos inventado.

Pero claro es que «esta gente lo único que quiere es tener una ley de violencia de género para castigar», y yo me pregunto quién será «esa gente», ¿será el Parlamento como órgano constitucional compuesto por los representantes elegidos por el pueblo? No, deben de ser otros, porque resulta que «a la auténtica maltratada no le estamos dando la protección adecuada». Existe la auténtica maltratada y la maltratada física. ¡Qué pena que todas las víctimas no formen parte de ese segundo grupo!

Porque, por si no se habían enterado ustedes, la ley contra la violencia de género es la culpable de la crisis de este país. Ni quiebra del sistema financiero, ni bancarrota económica, ni nada de nada, «la ley es la culpable del paro», porque como consecuencia del cumplimiento de órdenes de alejamiento dictadas contra maltratadores se cierran empresas... Supongo que también el negocio de la droga sufre cuando se captura a un narcotraficante, pero no es lo mismo; en este segundo caso se trata de un malvado delincuente, y en el primero... ¿de honrado ciudadano? Seguramente sí, porque «las denuncias, aparte de falsas, muchas son infundadas». No importa que para dictar sentencia tenga que probarse la veracidad de la denuncia. Luego una de dos: o no se verifican las denuncias, o todos los jueces imponen sentencias en fraude de ley, porque aun sabiendo que la denuncia es falsa condenan al presunto maltratador, que resulta no serlo porque la acusación es falsa. Entonces ¿por qué se condena?

Sigo perdida, no sé si los que hablan lo hacen desde el desconocimiento o desde la mala fe. Cualquiera de las dos posibilidades me desconcierta. Pero para acabar de zanjar el asunto me aclaran: «El que piense de otra manera es un ignorante». Pero ¿no decían que no podían opinar libremente? Ahora resulta que, si no piensas como ellos, eres un ignorante. Pasamos de la opinión al insulto.

«Hay miedo a decir las cosas en contra de esta ley», «porque es ir en contra de la ideología que la inspira». ¿No estábamos hablando de denuncias falsas, de mujeres que fingen ser maltratadas, de pobres hombres trabajadores que son condenados sin motivo? ¿Qué ideología puede sostener semejante sinsentido? La de la lucha por la igualdad, desde luego que no.

Y como la conversación se va animando manifiestan sin reparos que «todo hombre con pareja está con el agua al cuello». Esto sí que es educación sentimental.

Y entonces entramos en lo que para mí es lo más grave, aquí ya no puedo ironizar. Se habla de menores. Esas otras víctimas del maltratado que, sin recibir golpes, sufren en sus carnes el odio y la violencia de los adultos. El juez don Ángel Luis Campos se pregunta: «¿Por qué un hombre maltratador no puede ser un buen padre?» Según dice, salvo en caso de homicidio, «puede haber maltratadores que sean padres fenomenales».

Parece un eslogan de El Cortes Inglés.

No tengo nada que decir; ante semejante afirmación me siento indefensa.

Se supone que la división de poderes garantiza la libertad del ciudadano y que el poder judicial debe ser independiente. Su independencia es un valor fundamental y de ella depende que la democracia no deje paso a la tiranía; pero el primer valor de nuestro ordenamiento es el respeto a la ley. ¿Quién frenará a los que violenten la norma si los encargados de velar por su cumplimiento se manifiestan objetores de aquellas que, a su criterio personal, no son justas?

Yo me dedico a impartir docencia, y cada día me enfrento a jóvenes que no han vivido más que en este Estado de derecho que disfrutamos. Que no valoran el marco constitucional que nos ampara porque desconocen su significado. Trato de hacerles comprender la importancia del respeto a los valores democráticos, que garantizan una convivencia pacífica, respetando la diferencia y sancionado la transgresión de la norma. Les animo a que se informen, a que sean críticos, a que establezcan sus propias conclusiones; a que, sin renunciar a sus propias ideas, sepan escuchar y manifestar su opinión. Asimismo, yo como funcionaria, puedo no estar de acuerdo con alguna de las instrucciones normativas que me toca cumplir, pero mi deber es ejercer mis obligaciones en el estricto cumplimiento de la norma, y utilizar, si lo considero oportuno, los cauces legales pertinentes para cuestionar dicha norma.

Si la judicatura, o un sector de la misma, considera que una norma puede ser inconstitucional, puede plantear cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional; no obstante, una vez solucionada la misma, su deber es acatarla, cumplirla y hacerla cumplir. Todo lo demás sobra.