Todo se puede mejorar
En política, como en tantas otras actividades de la vida, deben respetarse las normas, que no constituyen ningún “cordón sanitario”, como obsesivamente se denominan ahora; antes bien, son fórmulas que garantizan públicamente el “bien hacer” en interés de todos.
Hace más de veinte siglos se decía en las calles de Roma que “la mujer del César, no sólo debía de ser honesta, sino que también debiera parecerlo”, lo que puede traducirse por esta otra frase: “el respeto escrupuloso a las formas constituye la garantía de un proceso”.
Hoy la mujer del César se llama doña Democracia y debe ser y parecer impecable ante los ciudadanos de cualquier condición.
En las últimas elecciones generales del 28-IV-19 hemos asistido a hechos lamentables: Desde el reprobado abuso de los decreto-ley electoralistas a la descarada “encuesta vegetal”, ofrecida desvergonzadamente por TV, identificando a los partidos por sus colores de campaña, justamente antes del día de la reflexión: (suben los tomates el X%; las zanahorias el Y% y bajan las lechugas el Z%), y consecuentemente en flagrante desprecio a la norma prohibitiva, del calendario fijado por la Junta Central Electoral.
Los científicos no somos juristas, pero esto no excluye que conozcamos la existencia del Derecho. Los dos reparos formales anteriormente citados son suficientes para plantear la imperiosa y urgente necesidad de disponer en España de un Gobierno provisional electoral, con absolutas garantías de objetividad para los ciudadanos, pues difícilmente puede “repicar las campanas y andar en la procesión”; “ser juez y parte”. Ese Gobierno provisional puede y debe hacer respetar las normas electorales y controlar al controvertido C.I.S., al margen de cualquier interés partidista, y precisamente porque no participaría del éxito o el fracaso de los que compiten, debiendo hacerlo en igualdad de condiciones.
Y bien, ¿quién puede constituir ese gobierno extraordinario? Juristas eminentes tiene este país para diseñarlo. Mi modesta sugerencia personal es que debiera presidirlo el jefe del Estado (esto es, S. M. el Rey), asistido por ministros, libremente elegidos por él –como es habitual para cualquier presidente de Gobierno– entre miembros titulares del Consejo de Estado (sin prejuicio alguno de su filiación previa). No hay necesidad alguna de crear nuevas instituciones.
En otro orden de consideraciones, está el tratar de corregir los indeseables bandazos que, desafortunadamente, caracterizan a la política española, preocupando a empresarios y trabajadores, con ese “hacer y deshacer” del paño de Penélope, que lógicamente nos atrasa. Esto puede moderarse con normas objetivas de una nueva ley electoral, más razonable, que bastaría copiar de otros países civilizados:
A) Elecciones por mitad del número de escaños de las cámaras.
B) Segundas vueltas electorales.
C) Declaraciones fidedignas de los partidos sobre sus pactos poselectorales.
La realidad es que tenemos un nuevo gobierno electo. Sólo le falta: 1) La investidura. 2) Formar gobierno. 3) Tratar de completar los cuatro años de mandato.
Paz y Ciencia, y 26.000 millones más de impuestos. ¿Vale? Ustedes dirán.
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