Paren ya de matar
La ONU a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos expresó esta semana su preocupación por el alto número de personas defensoras de los derechos humanos asesinados en Colombia: 51 en lo corrido de este año, 115 el año pasado, más de 600 según la Defensoría del Pueblo en los últimos dos años.
Después de la desmovilización de las FARC los territorios que estuvieron bajo su control por medio siglo están siendo copados por los narco-paramilitares que llegan matando a quienes exigen el cumplimiento de los acuerdos de Paz, la restitución de las tierras usurpadas o impulsen la erradicación de los cultivos de hoja de coca, pero estos grupos también atacan a quienes se oponen a proyectos minero-energéticos o agronegocios de interés de las empresas multinacionales.
Están matando a las personas que dan la cara por las comunidades campesinas, indígenas y negras para apropiarse de sus territorios. Las élites siguen usando la violencia impune para acaparar tierras, poder económico y control político-militar sobre personas y territorios, es el ciclo maldito que la impunidad estructural permite a la oligarquía colombiana.
Los ataques son sistemáticos, por el alto número de víctimas y por la impunidad en más del 94% de los casos, por las regiones en las que están ocurriendo los ataques, porque son personas muy importantes cuyo asesinato causa un impacto enorme en sus comunidades, por la forma de los ataques precedidos de amenazas y en muchos casos de señalamientos por parte de miembros de la fuerza pública y de la fiscalía a quienes la ONU les atribuye unas "acciones positivas", que la dirigencia social en las regiones no le reconoce, al contrario, la XV visita asturiana -que recorrió media Colombia en febrero- fue depositaria de graves denuncias contra el ente acusador por perseguir judicialmente a quienes se enfrentan a los poderes locales del narcotráfico, la corrupción y el despojo de tierras.
La desidia criminal del gobierno de Iván Duque que incumple la obligación de proteger de manera efectiva la vida de la dirigencia social, ha llevado a presentar denuncias ante la Corte penal Internacional, a incrementar las normas de autoprotección individuales y colectivas, a la denuncia internacional de las empresas beneficiarias del terror, y a reiterar la vocación de lucha y de resistencia en cada región colombiana, para preservar la vida de las personas y de los territorios.
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