Crematorios lejos de la gente para preservar la salud
Presenta la alcaldía de Siero cuentas tramposas en campaña electoral donde hace creer ausencia de deuda municipal (en el supuesto de que tal axioma fuera favorable a la población, cosa que cuestionan quienes defienden lo público sobre lo particular) tapando con un dedo el cielo de la verdad local donde la deuda social y económica ha sido la tónica dominante.
Varios juicios perdidos por necedad, contaminación galopante incluso aunque se cambien de lugar los medidores, subvenciones perdidas por negligencia, partida y convocatoria y proyectos de cooperación anulados (¿para pagar la deuda se lo robamos a las comunidades?).
Para el caso del crematorio de la Pola y los juicios perdidos, resta por conocer qué tipo de negocio-negociación llevan a cabo la empresa y la alcaldía para atenerse a las sentencias contundentes y reiteradas que han obligado al vecindario a meterse en asuntos judiciales por las trampas y cambios de postura de una alcaldía que, cuatro años atrás comenzaba su campaña electorera reuniéndose con esas vecinas prometiéndoles un apoyo que se les negó a los pocos meses.
Tantas conferencias, tantas actividades lúdico-reivindicativas, tantas concentraciones y manifestaciones, tanto ocultamiento de datos y procedimientos, tanta ausencia de veracidad en los tejemanejes internos en el entramado municipal, para que haya tenido que ser un juzgado quien ponga sentencia firme a un desaguisado anunciado, conocido y perjudicial para el común de la gente.
Tener confirmada la razón no basta para la plataforma vecinal.
Faltan reparaciones políticas y éticas que no se pueden tapar, y falta una deuda completa que el Ayuntamiento ha adquirido por la mala praxis de su alcaldía, que debería asumir su responsabilidad incluso de su economía particular.
Un debate público podría aclarar o poner en actualidad qué cosa propondrán las nuevas autoridades locales, respecto a las necesidades evidenciadas y reclamadas por la ciudadanía, en materia de salud, de participación vecinal, de obligadas asesorías jurídicas para que el "chiringuito" municipal no esté entorpecido por malos e inapropiados gestores, que puedan poner como Cepi lo particular por encima de lo público.
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