Partidos políticos, cuevas de vividores
Podría afirmar sin temor a equivocarme que son muy pocas las personas, no soy una de ellas, que conocen en toda su amplitud el funcionamiento interno y externo de los partidos políticos en España.
Me refiero a los partidos políticos que operan a nivel nacional, a los que están establecidos en una determinada autonomía y a los que únicamente abarcan y operan en una comarca, una ciudad o un pueblo. A todos.
Ya se ha comentado hasta la saciedad en numerosas publicaciones y diversos medios que en España sobran políticos, muchos políticos y muchos de sus adláteres "enchufados". Tenemos un Congreso (350 diputados), un Senado (266 senadores), 17 parlamentos autonómicos (1.208 diputados), 2 ciudades autónomas (50 diputados), 41 diputaciones (incluidos cabildos de Canarias y consejos insulares de Baleares) y 8.115 ayuntamientos.
Además agregaríamos aquellos miembros del gobierno central y autonómicos que no tienen la condición de diputado nacional o autonómico. Aclaro que los diputados provinciales se eligen por y entre los concejales de los municipios que forman esa provincia.
Como decía ya tenemos una gran masa de políticos, parece ser que estamos entre las primeros a nivel mundial según el ratio político/habitante, y además tenemos otra gran masa formada por los asesores, coordinadores, consejeros, expertos, etc. etc. , que son los vividores a cuenta de la política.
Estoy de acuerdo en que un político tenga un buen sueldo, y a cambio, debe tener una preparación adecuada al puesto al que tiene o se presenta. Si es tonto o no tiene ni idea que se quede en su casa. Lo que no puede ser es que todos paguemos su formación o el sueldo del asesor o consejero de turno. Si no sabe, pero es político por vocación, que su salario se destine al consejero o asesor pertinente, que seguro es conocido y allegado y "algo puede quedar en casa"
Que a nadie le quepa duda de que la financiación de los partidos políticos (también de los sindicatos) es con el dinero del contribuyente. Los trapicheos, argucias y otras entelequias, que se dice son alegales pero están dentro de la legalidad, forman parte del modus vivendi y operandi de estas cuevas de vividores. A muchas de estas organizaciones les es imposible hacer frente a sus altos gastos internos y por ello no dudan en extirpar y exprimir al máximo los presupuestos de los estamentos públicos que manejan.
Crean numerosos empleos, a cuenta de nuestros impuestos, que en muchos casos no se sabe ni qué hacen ni a qué se dedican. No me refiero a los empleos funcionales, secretarías, administrativos, seguridad, chóferes, etc. (que a veces parece que son grandes empresas), sino a los llamados "personal de confianza". Es la red clientelar que van tejiendo a lo largo de años en el poder. Ahí tenemos el caso de los ERE en Andalucía. Como ya decía, el Estado, a través de sus administraciones nacionales, autonómicas, provinciales o locales, es el "mantenedor financiero" de los partidos políticos.
Hemos podido comprobar recientemente que lo primero que hacen los ayuntamientos nada más tomar posesión es subirse el sueldo y las asignaciones para cada partido. Aparte están las asignaciones por ser consejeros de las empresas municipales. Se ha visto incluso que si no son suficientes los consejeros se amplían. Esto ha pasado en Gijón, que en una empresa municipal había 8 consejeros y ahora son 12 para cumplir acuerdos. ¡Que más da un consejero de administración más que menos!. Esto debe ser el nuevo progresismo.
Por ello exigimos al Estado que por mediación del Tribunal de Cuentas y la Sindicatura de Cuentas fiscalice con el máximo rigor las cuentas de los partidos políticos en beneficio y para bien de todos los españoles, y que dejen de ser eso, "cuevas de vividores".
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