Los arrendadores de pisos también tienen derechos
Ahora que se habla tanto de limitar los precios de los alquileres (que en algunos lugares de España han alcanzado precios astronómicos, ciertamente), tal vez sea también el momento de hablar de la otra cara de la moneda: de los arrendadores de pisos y apartamentos que experimentamos grandes dificultades para cobrar el alquiler mensual (nada exagerado por cierto) de nuestras propiedades, en manos de inquilinos desaprensivos.
Tal es nuestro caso, y me temo que el de otros muchos propietarios. Nosotros, un matrimonio jubilado de más de 70 años y con una sola pensión (ya que mi mujer siempre trabajó en casa y cuidando a sus hijos), tenemos, como fruto de nuestro esfuerzo y ahorro, además de nuestra propia vivienda, un pequeño apartamento situado en una conocida calle de Oviedo.
Ese apartamento lo hemos alquilado a diversos inquilinos, y en general, sin mayores problemas. Pero ese no es el caso con nuestra actual inquilina: confiando en sus referencias de trabajo iniciales (un contrato como asistenta de una familia ovetense), le hicimos un primer contrato en octubre de 2014 (por un importe de 340 euros, gastos de comunidad y seguros incluidos), y a pesar de que sufrimos algunas demoras y pequeños problemas en el pago, le hemos ido renovando dicho contrato (sin incrementar nunca el importe del alquiler), anualmente.
En octubre pasado (2018) nos planteó hacer un contrato de cinco años, algo a lo que, con algunas dudas, accedimos.
Pues bien, poco después comenzaron a aumentar los problemas: se nos puso cada vez más impertinente, exigiéndonos de malas maneras que lleváramos a cabo pequeñas reparaciones en la vivienda, así como que le sustituyéramos algunos electrodomésticos ya bastante usados (como la lavadora o el microondas), a lo que nosotros accedimos.
Pero no contenta con eso, nos exigió hace tres meses que le cambiáramos el colchón (colchón que compramos nuevo cuando hicimos el primer contrato), algo que nos pareció del todo excesivo y a lo que nos negamos.
A partir de ese momento, ella se ha negado a pagarnos las facturas de la luz (que nunca quiso poner a su nombre, a pesar de nuestra insistencia), así como al pago de los recibos de alquiler correspondientes.
Dado que las relaciones estaban cada vez más tensas, le pedimos en mayo que en vez de pagarnos en mano, como hasta ahora, nos hiciera el ingreso por el banco, a lo que ella también se negó. Por no entrar en detalles, tan solo diremos que su deuda alcanza en estos momento los 1.200 euros, y subiendo.
Todos nuestros intentos recientes de diálogo y negociación con ella han fracasado. Le hemos dirigido varias cartas reclamándole el pago y ella nos ha contestado con insultos o burlas, cortándonos la comunicación por teléfono y por Whatsapp.
No nos ha quedado entonces más remedio que iniciar el proceso de desahucio, pero ya nos ha avisado nuestra abogada de que el procedimiento (además, con el mes de agosto prácticamente inhábil de por medio) se puede demorar varios meses más.
Mientras tanto, ella sigue haciendo su vida normal, como si este tema no fuera con ella. Puede imaginar cualquiera la enorme sensación de rabia e impotencia que esto produce. Sobre todo porque las leyes parecen hechas para apoyar a este tipo de inquilinos defraudadores, en vez de para proteger los legítimos derechos de los propietarios, lo que les quita a muchos las ganas de alquilar su propiedades y hace subir el precio de los alquileres.
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