El 7 de agosto, fecha con historia en Colombia

El miércoles 7 de agosto en Colombia es feriado y en Xixón habrá una Concentración exigiendo que se respete la vida de defensoras y defensores de DDHH. Plaza del Marqués, a las 8.

El 7 de agosto de hace 200 años ocurría la batalla de Boyacá, al parecer decisiva para las Independencias.

Actualmente hay 1.351 líderes sociales amenazados en Colombia, donde se reportan frecuentes asesinatos de personas que defienden los derechos humanos, el medio ambiente y la paz. Lo dice la institución del Defensor del Pueblo.

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz fueron asesinados 138 excombatientes en proceso de reincorporación y 36 de sus familiares, según datos de Indepaz.

Según el Movimiento Alternativo Indígena y Social, “en Colombia hay una masacre sistemática de líderes sociales”. “En las comunidades indígenas lo estamos padeciendo, así como los campesinos, las comunidades afro, los sindicalistas, los que defiende el medio ambiente, el territorio”.

¿Será verdad o solamente un invento para atacar al gobierno de ultraderecha que tomó posesión el 7 de agosto hace un año?

En la batalla de Boyacá las tropas libertarias dirigidas por Bolívar estaban integradas por “criollos, mestizos, mulatos, zambos, negros e indígenas, generalmente gentes pobres, escasas de alimentos y vestidos, llamados por las autoridades españolas ‘insurgentes’. El ejército tuvo mucho apoyo popular de los granadinos, y en especial de los campesinos de Tunja”.

7 de agosto doscientos años atrás... ha trascendido en el relato histórico como una fecha en que se daría paso posterior a la creación de la Gran Colombia. Actuales estados de Venezuela, Ecuador, Colombia, Panamá.

Doscientos años después, los 7 de agosto de cada cuatro años se cambia y toma posesión un nuevo presidente. El actual, Duque, cumple un año en el cargo.

¿Qué queda de aquella gesta independentista? ¿Qué nivel de autonomía tiene Colombia de los Estados Unidos de Trump ahora? Para la guerra, para la paz, para el negocio grande del narco, para las culturas, campesinas, indígenas, negras, mestizas, de quienes dieron sus vidas en la batalla de Boyacá.

Este 7 de agosto hay una Denuncia gruesa contra el Gobierno de Duque, contra su personaje tenebroso que comanda no tan en la sombra como Uribe Vélez, contra la determinación de los latifundistas colombianos de seguir robando tierras y recursos amparados en el guerrerismo y el militarismo.

Hoy la denuncia gorda es que, si hay un genocidio social en curso, no se puede afirmar que haya democracia.

El crimen de 230 líderes sociales en un año, cifras de Indepaz, muestra claramente una responsabilidad del gobierno, del partido de gobierno, y del jefe político Uribe Vélez, en continuar exterminando a quienes se oponen a la brutalidad terrateniente, a quienes propugnan que haya paz en Colombia, que se construya democracia, para que se pueda avanzar hacia un estado independiente, tal como hace 200 años lo auspiciaban indígenas, negritudes, mestizos, la campesinada, en la batalla de Boyacá, en las anteriores y posteriores.

En julio, la ONU culminó su visita de tres días en Colombia, en la que exigió al Gobierno “cortar por lo sano los asesinatos de líderes sociales, defensores de DDHH y exguerrilleros”.

Antes el Relator especial de la ONU para los defensores de DDHH, Michel Forst había dicho: “Me han horrorizado, consternado las versiones de los campesinos, afrocolombianos e indígenas describiendo los ataques que enfrentan, sin poder decir el nombre de los victimarios”.

La Directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara, señaló en febrero: “El gobierno de Iván Duque, pese a su retórica y las promesas, no tiene como una de sus prioridades la disminución de estos homicidios”.

Desde el Vaticano, Bruno Duffé, en su visita a Colombia en febrero, indicaba que “la represión y la violencia contra un gran número de miembros de la sociedad colombiana es un suicidio organizado, hay un tipo de genocidio social y político operando. No es posible hablar de democracia”.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresaba: “Hay crímenes contra la humanidad, con directa responsabilidad del Estado y que engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de DDHH y de territorios”.

El Informe asturiano n.º 15 fue presentado y actualizado en julio en la “Semana negra” de Gijón. En julio también la delegación vasca, parlamentarios, gobierno y colectivos, visitaba Colombia, y expresaba su profunda preocupación por el agravamiento de la situación de inseguridad, amenazas, criminalización y estigmatización que padecen las personas defensoras de los derechos humanos.

Hace pocos días que se producía “El Grito”, el 26 de julio, en que 130 ciudades en el mundo, ¿incluida Gijón?, se solidarizaron con los líderes, lideresas, defensores, defensoras de derechos humanos y excombatientes de Colombia, y exigieron la protección de la vida en el país. Sus propuestas-demandas son elementales:

1-Modificar el Plan de Acción Oportuna e inscribirla dentro de las medidas políticas y de orientación criminal de la Comisión Nacional de Garantías del Acuerdo de Paz.

2. Reactivar la mesa de conversaciones con el ELN a partir de los avances sustanciales dados durante el gobierno de Santos.

3. Iniciar un debate con definición de nuevas políticas expresas, explícitas, precisas de la Doctrina Militar de la Seguridad Nacional por una Doctrina Militar de la Seguridad Humana Ambiental, y él de la Seguridad Ciudadana, que supere la prejuiciosa y criminal del enemigo interno que continúa rondando en muchos sectores militares y policiales.

4. Reconstituir una propuesta de desmantelamiento de estructuras paramilitares y criminales, y

5. Exigir resultados de la Unidad de Investigación y desmonte del paramilitarismo por lo menos en tres dinámicas regionales.

Son elementales y están reforzadas y avaladas por los organismos internacionales que se comprometieron con la paz colombiana. Pero el gobierno se niega a cumplir, esboza un negacionismo infantil respecto a los crímenes, y produce y provoca con la impunidad generada una espiral de nuevos crímenes.

El Grito del 26 de julio y el nuevo Movimiento Defendamos la Paz se fortalece. Pero hay muchas y diversas otras iniciativas complementarias y buenas para defender los elementales derechos de las gentes. Culturales, comunitarios, populares, o de colectivos con personalidad propia.

#unliderenmilugar propicia dar voz en relevantes espacios a lideresas sociales amenazas con el exterminio. #vocesvalientes que no aceptan ser silenciadas por el terrorismo de estado. #esclarecimiento de la Verdad sobre los crímenes cometidos, como paso principal para SANAR las heridas de una guerra que no quieren que termine. víctimas #CuentenConmigo, y #contemoslaVerdad, que busca a 86Mil Desaparecidas/os, y propugna entregar sus restos dignamente a sus familiares (OFB con algún apoyo significativo de la Axencia asturiana de cooperación). Las propias guardias indígenas, cimarronas, campesinas, las tres diferentes, pero con opción organizada común para tratar de proteger la vida y la integridad de quienes son elegidos representantes naturales de las comunidades.

#defendamoslapaz y #caminemosporlaVida como expresiones masivas para que se puedan preservar las vidas de quienes debieran tener el mayor protagonismo en la construcción de la paz en Colombia.

En la aspiración de una Colombia independiente, democrática, soberana, en paz y con respeto a los derechos humanos, a doscientos años de la batalla de Boyacá.