Hay que atacar la economía sumergida
Es totalmente injusto que la derecha económica y el Gobierno socialista pretendan hacer recaer sobre las espaldas de todos los ciudadanos, incluidos los pensionistas y los de rentas mas bajas, los costes de la crisis que las doctrinas neoconservadoras y el liberalismo salvaje ha generado. Las únicas medidas que proponen son el abaratamiento del despido, elevar la edad de jubilación, subidas indiscriminadas de impuestos, etc. En España la política recaudatoria favorece descaradamente a los ricos, pero no es solamente el PP quien la defiende, también el PSOE, poniendo tanto o más acento que la derecha en exprimir a los que tienen menos ingresos, a los asalariados. Cuando se están poniendo encima de la mesa iniciativas muy dolorosas para amplias capas sociales, para que el país no caiga en la bancarrota, no es de recibo que, por ejemplo, solo un 3% de los declarantes del IRPF admita ganar mas de 60.000 euros al año o que los trabajadores y pensionistas declaren, de media, 5.000 y 7.000 euros anuales más que los empresarios y los profesionales. Tampoco es lógico que la Agencia Tributaria solo ingrese 13 de cada 100 euros de deudas descubiertas, que suponen mas de 30.500 millones de euros pendientes de cobro. Ante el desplome de la recaudación, una buena alternativa para reducir el déficit, evitar que la deuda se dispare y hacer aflorar dinero, sería entrar a saco en la economía sumergida, que según el Banco de España y el Instituto de Estudios Fiscales estaría en una horquilla que va del 20% al 25% del PIB, es decir, unos brutales 240.000 millones de euros.
Se deben adoptar medidas legislativas y administrativas que terminen de una vez por todas con la impunidad de que gozan los defraudadores, los sinvergüenzas que nos roban a todos. Los pagos en negro, las cajas B y los billetes de 500 euros bajo el ladrillo tienen que desaparecer. Solamente con que el Gobierno se tomara en serio una política sin cuartel contra la economía sumergida se podría evitar la anunciada subida del IVA, una medida equivocada que retraerá aún mas la demanda y castigará el poder adquisitivo de la gente, precisamente cuando mas se necesita reactivar la actividad económica para incrementar la recaudación y, sobre todo, para aliviar el drama que están viviendo muchos ciudadanos, pues, de todos es sabido, que estamos cerca de los cinco millones de desempleados y hay ya más de 1.300.000 familias con todos sus miembros en paro.
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