Un asunto que nos Torra
Llevamos ya varios meses con toda suerte de manifestaciones y de declaraciones en torno al “procés”, el juicio en el que se pide la amnistía para los denominados presos políticos, cuya sentencia puede afectar al normal desarrollo de la campaña electoral y a la convivencia pacífica de todos los españoles.
Pero no solo eso, ahora también el Gobierno en funciones tiene previsto impugnar las resoluciones adoptadas por el Parlament de Cataluña de apostar por la desobediencia civil e institucional, e incluso de la retirada de la Guardia Civil de Cataluña, así como la postura solidaria de Quim Torra con los siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CD-R) que fueron detenidos por delitos de terrorismo.
El presidente del Gobierno en funciones ha amagado en varias ocasiones con aplicar el artículo 155 de la Constitución española, un artículo que dota al Estado de un mecanismo coactivo para obligar a las comunidades autónomas que incumplan las obligaciones impuestas por la Constitución española u otras leyes, o que atenten gravemente contra el interés general de España, al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o a la protección del mencionado interés general.
Difícil papeleta para el Ejecutivo que salga de las urnas, que va a tener que lidiar con un asunto que, pese a que nos torre, no es un asunto menor.
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