¡Ay, las fiestas patronales!
Ay, los conciertos en plazas públicas en las fiestas patronales, ¿qué divertidos son? Pues depende. Si eres concejal de Festejos, creo que algún dolorcito de cabeza te pueden ocasionar. Si eres alguna de las empresas que organizan estos eventos, seguramente estarás encantado. Si eres policía local, puede no tocarte trabajar ese día en que justo canta quien te gusta (lo cual también es aplicable a la seguridad privada contratada). Si tienes un bar o un restaurante, ya besas por donde pisan los miembros de la Corporación municipal. Si eres artista, pues miel sobre hojuelas. Si eres funcionario de limpieza, te acordarás del concejal, del cantante y quizá también de sus santas y respetables madres. Pero si vives justo al lado de donde se celebran lo que los cursis llaman eventos musicales, pues lo mismo no te alegras tanto por el ruido que generan, o sí, que de todo hay en la viña del Señor.
Es muy difícil contentar a todos, eso es comprensible, pero los romanos ya decían que “ubi societas, ibi ius”, que traducido significa que donde hay gente más vale que existan normas para no terminar como en San Quintín; vamos, que hay que ceñirse a las normas jurídicas que regulan nuestra sociedad, nuestros derechos y nuestras obligaciones.
El problema de los conciertos al aire libre es el ruido; me refiero no a la música, que para gustos los colores, sino al molesto ruido que, durante las pruebas de sonido, los ensayos, en el concierto en sí y en los bises, tienen que soportar los vecinos colindantes a los escenarios, porque, seamos realistas, la finalidad de los altavoces es que todos oigan la música, los que están en primera fila y los del fondo y también los de los alrededores, que ya sabemos cómo funcionan las leyes de la física.
Jurídicamente, el ruido está regulado en normas internacionales, comunitarias, estatales, autonómicas y en ordenanzas municipales, y todas ellas tienen como fundamento reconocer el descanso como un derecho fundamental que debe ser protegido.
El presumible dolor de cabeza que tendrían los concejales de Cultura, Festejos o como se denominen en cada Ayuntamiento tiene su lógica, porque, claro, coordinar los intereses de todos los ciudadanos, seguir las normas de los diferentes procedimientos administrativos que deben aplicarse para organizar los conciertos, soportar la presión que implica cumplir tu programa, elegir a los músicos, quienes también, como es lógico, tienen sus afectos políticos, y defenderse de los ataques de la oposición y de la ira de los vecinos que ven invadido su derecho a la inviolabilidad del domicilio, pues fácil, fácil no debe ser, y menos aún cuando estos concejales tienen que mantener su posición al respecto a toda costa.
El problema surge cuando ese dolor de cabeza no existe, cuando simplemente se impone una decisión guste o no, sin escuchar opciones más favorables para todos e incluso haciendo arriesgados malabarismos jurídicos.
Por ello, el éxito de los ayuntamientos en la organización de las fiestas patronales no debería medirse, únicamente, por las críticas favorables, por el número de personas que acuden o por los ingresos percibidos, sino por la certeza de que se ha velado por los intereses de todos, también de quienes tienen derecho a no soportar aquello a lo que no están obligados.
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