Jugando con la democracia
Cuando en el año 1977 se aprobó la ley de Amnistía, los padres de nuestra democracia quisieron cerrar las viejas heridas abiertas por la guerra civil y el franquismo, otorgando a todo aquel preso político cuyos delitos no hubieran sido de sangre o de terrorismo, la amnistía general. De esta manera se pretendía romper con el pasado, enterrarlo sin olvidarlo, con la única finalidad de mirar hacia delante, de construir un nuevo futuro para nuestra España, desgarrada por el odio de unos sobre otros.
Desde aquel año, nuestra todavía joven democracia nos ha permitido avanzar y consolidarnos como una de las locomotoras de la Unión Europea. Nuestro modelo de autonomías es una experiencia que ha traído a España unos resultados en organización y descentralización que aunque algunos se empeñen en desautorizar con sus pretensiones independentistas y soberanistas, están firmemente consolidados en la forma de pensar y de vivir de la población de nuestro país.
Y sin embargo tuvo que llegar una persona iluminada e imponer su criterio sobre si las heridas estaban ya cerradas o no. Tuvo que presentarse una ley de Memoria Histórica que ya no era necesaria. El futuro no se construye mirando al pasado, el futuro no se construye intentando despojar a unos para contentar a los otros, sino remando todos juntos en la misma dirección, aunque lamentablemente hayamos perdido a alguien en el pasado, que más que perdido nos fue arrebatado por la crueldad de una guerra civil y una represión de vencedores sobre vencidos.
Esa ley de Memoria Histórica es contraria a los principios democráticos pues es una ley que no surge por necesidad sino por venganza, que no surge de un clamor popular de la mayoría, sino del grito estridente de unos pocos que aunque legitimados por su dolor, no tienen ningún derecho a imponer su visión y su criterio sobre el del resto de los españoles, que hemos decidido pasar página de aquellos cuarenta años. Pero la guinda del pastel la está poniendo una situación inconcebible que está teniendo lugar.
Los que a día de hoy se manifiestan y se encierran protestando contra el procesamiento del juez Baltasar Garzón, una instrucción judicial que está siendo impecablemente llevada por el juez Luciano Varela, y que está motivada por un presunto delito de prevaricación por parte del llamado "juez estrella" Garzón, quien decidió obviar algunas máximas legales y promover una causa judicial contra el franquismo, aún sabiendo que no tenía competencias para hacerlo; esas personas pretenden imponer su opinión y su juicio sobre la actuación del magistrado por encima del Estado de Derecho, por encima de la ley, mostrando una profunda desconsideración hacia la justicia y hacia el Tribunal Supremo.
Esas personas, la mayor parte afines a la ideología de izquierdas (no olvidemos que entre los instigadores de las revueltas están el "sindicato de la zeja", los sindicatos CC OO y UGT, dirigentes del Partido Socialista Obrero Español, e incluso alguien que para mí ha perdido con esta acción todo el respeto y la consideración que hasta la fecha le tenía: el rector de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad donde estoy estudiando, don Carlos Berzosa Alonso-Martínez), muestran un fascismo mucho peor que el que dicen criticar. Ellos son los verdaderos fascistas al querer ser jueces de los propios jueces, cuando es el Consejo General del Poder Judicial el que tiene encomendada esa labor.
Por eso, desde aquí, quiero pedir a toda esa gente que respeten de una vez por todas a al justicia, que respeten al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial, porque ésas son las únicas instituciones competentes para juzgar al juez Baltasar Garzón y declararle culpable o inocente de los delitos que se le imputan. Y más en concreto, pido al excelentísimo y magnífico rector de la Universidad Complutense, don Carlos Berzosa Alonso-Martínez que dimita de su cargo, pues es inconcebible para el máximo representante de una institución de tan noble tradición académica y democrática el permitirse dar semejante patada al Estado de Derecho.
Artemi Suárez Herrera
Langreo
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